Ni rojos ni azules apoyaron

Al hilo de la celebración de las recientes elecciones andaluzas y la situación catalana, el autor del texto realiza un detallado apunte histórico en el que queda clara la posición de las Cortes republicanas en cuanto a la independencia de las regiones españolas que aspiraban a contar con estatuto propio, germen del actual modelo económico que, sin embargo, no contó, en aquel entonces, con el beneplácito de las fuerzas dirigentes.

No pudo ser. Bien porque no tenían claro el modelo; bien por temor a no caer en el error cantonalista y federalista de la Primera República; bien por no saber cómo salir del charco en el que se metieron sin prever las consecuencias, o más bien, y principalmente, por disciplina de partido. Por una u otra razón; o por todas ellas juntas, el caso es que en los veintinueve meses, desde julio de 1931 hasta diciembre de 1933, que duró la legislatura de las primeras Cortes Constituyentes de la Segunda República, la entonces clase política española ni se atrevió a tomar el toro por los cuernos y aprobar el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Cuando los parteros de la Segunda República se vieron obligados a introducir en el texto del Pacto de San Sebastián un escueto punto comprometiéndose a conceder la autonomía a Cataluña, no repararon en el agravio comparativo y en la que se les vendría encima. El mismo 14 de abril de 1931, Francés Maciá proclamó “la República Catalana como Estado integrado en la Federación Ibérica”.

No tardaron en llegar las reacciones. Antes de que se iniciara la redacción de la Constitución, el 7 de mayo de 1931, el presidente de la Diputación de Sevilla enviaba un cuestionario a sus homólogos andaluces para que valoraran la conciencia autonómica en sus ayuntamientos, entidades y formaciones políticas. Con las respuestas se redactaron seis borradores de estatutos, unos de corte federal, otros fortaleciendo las diputaciones y otros que otorgaban más poder a los municipios.

De nada sirvieron, cuando en diciembre se promulgaba la nueva Constitución que en el ambiguo articulo 15 abría la posibilidad legal de conceder “cierta autonomía política a las regiones españolas”.

Y es que tanto la mayoría parlamentaria del Bloque Republicano-Socialista como la oposición del Bloque Nacional temían perder el control de las autonomías. Aquellos querían un estatuto autonómico vertebrado en torno a las diputaciones provinciales, organismos bajo su control; y estos un estatuto que pivotara sobre los municipios, dado el control político, económico y social que seguían manteniendo en ellos, especialmente en zonas rurales. Quedaba, sin embargo , un sector minoritario, liderado por Blas Infante, conformado por una idea común, lograr altas cotas de autonomía con un modelo intermedio entre el cantonalismo y el centralismo.

disciplina de partido en jaén. Y fue el miedo lo que, como disciplina, llevó a unos y a otros a prevenir a sus diputados en caso de que hubiera que votar el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Es curioso leer, en algunas columnas de prensa de la época, cómo algunos diputados elegidos por Jaén, tanto socialistas como agrarios, cambiaron de opinión sobre el tema.

En las elecciones generales del 28 de junio de 1931, de un censo electoral de 171.610 ciudadanos, votaron 127.372, es decir, el 74,22%. A tenor de la ley electoral vigente, de los trece escaños que correspondían a la provincia, nueve fueron para el PSOE: Enrique Esbrí Fernández, Lucio Martínez Gil, Alejandro Peris Caruana, José Morales Robles, Juan Lozano Ruiz, Tomás Álvarez Angulo, Anastasio de Gracia Villarrubia, Andrés Domingo Martínez y Jerónimo Bugeda Muñoz; dos para Derecha Liberal Republicana: Niceto Alcalá Zamora, que sería elegido Presidente de la Republica, y Federico del Castillo Extremera; uno para la Agrupación al Servicio de la República: José Ortega y Gasset, el afamado filósofo; y uno para el Bloque Agrario Republicano: Enrique del Castillo Folache.

De los trece diputados, solo cuatro eran naturales de Jaén y provincia. En octubre, cuando Ortega y Gasset y Anastasio de Gracia fueron sustituidos por José Piqueras Muñoz y Domingo de la Torre Moya, serían seis jiennenses de los once. Por sus artículos en prensa conocemos la opinión sobre el Estatuto de Autonomía de Andalucía de algunos de ellos. Enrique Esbrí Fernández, director del diario socialista “Democracia” desde 1932 hasta 1934, deja ver en sus editoriales los peligros que encierra un estatuto que, según los borradores, puede conducir a un estado federal. Su sucesor, el socialista Juan Lozano Ruiz, se muestra más favorable a una autonomía controlada por las diputaciones provinciales; José Morales Robles, alcalde socialista de Jaén entre los años 1931 y 1933, no ocultaba su temor al centralismo sevillano en un artículo firmado en “Democracia”.

El único diputado socialista más favorable a un estatuto con amplias atribuciones fue Alejandro Peris Caruana. En cuanto a Niceto Alcalá Zamora, es conocida su postura, aunque, dado su estilo enrevesado y barroco al escribir, es difícil llegar a conocer su verdadera opinión. Y de Enrique del Castillo Folache, el diputado más escorado en la derecha, solo conocemos su vehemencia contra las autonomías en un mitin pronunciado en 1933 en Linares.

Ni la CEDA ni el Frente Popular cuajaron el Estatuto. Ni caso hicieron a las propuestas enviadas en febrero de 1932 y enero de 1933. Menos caso hicieron cuando comprobaron cómo, siguiendo las estrategias centralistas, las provincias andaluzas no se ponían de acuerdo. La Asamblea Regional convocada en Córdoba en enero de 1933 fue boicoteada hasta el punto de que no asistió diputado alguno; y por desacuerdo con las conclusiones, abandonaron la asamblea los representantes de Jaén, Granada y Huelva. Se trataba de aprovechar la división para marear la perdiz. No iba muy descaminado Alejo Carpentier cuando en una de sus novelas, refiriéndose al comportamiento de los andaluces en la primera expedición colombina dice: “Se entretenían peleándose por coger una gallina en la cubierta; y no se daban cuenta, entre tanta pelea, de que las tierras que tantos meses llevaban buscando, estaban delante de sus narices”.

Con la victoria de los Radicales, apoyados por la CEDA en noviembre de 1933, el proceso entró en vía muerta; y tras el triunfo, en febrero de 1936, del Frente Popular, se reactivó el proceso autonómico de Andalucía. El 27 de septiembre de 1936 fue la fecha elegida para aprobar el Estatuto definitivo, que después sería ratificado mediante referéndum y elevado posteriormente a las Cortes; no hay constancia de que se realizara el proceso. Aquello no tenía nada que ver con el borrador original, y Granada, Jaén y Huelva seguían expresando sus reticencias al proyecto. No pudo ser. Los políticos de la Segunda Republica no llegaron a ver claro el modelo autonómico. Entre todos la mataron y ella sola se murió.