Una sociedad de Almería está detrás de la nulidad del PGOU

El particular que, con un recurso, tiene paralizado el Plan General de Ordenación Urbana de Jaén ya tiene nombre. Después de especularse con algunos inversores jiennenses, finalmente, el haber logrado la nulidad del documento corresponde a Inversiones Olivencia, una sociedad limitada que tiene su sede en Almería. La mercantil adquirió, en 2006, terrenos para construir un aparcamiento subterráneo en la actual Plaza de la Libertad, ampliar el Hotel Rey Fernando y gestionar la Estación de Autobuses. El ambicioso proyecto quedó en nada, no gustaba a los vecinos y, lo más importante, a la Junta, que puso innumerables reparos. En 2009, con la llegada al Gobierno local del PSOE e IU, la Administración local recuperó la titularidad del alojamiento, aún cerrado, y definitivamente, enterró las obras previstas. Eso sí, se aprobó una indemnización a la sociedad almeriense, superior a los dos millones de euros, para compensarle por las pérdidas sufridas al no poder llevar a la práctica sus intenciones. Inversiones Olivencia también se hizo con más suelo en Jaén, en concreto, dos parcelas junto al hotel que existe en la N-323. Este hecho es clave para entender el motivo de que acudiera a los tribunales al no estar conforme con el PGOU, ya que su objetivo era que el terreno fuera clasificado como urbano, algo que no logra. Eso sí, la Justicia considera que el documento no se ajusta a la norma, después de haberlo revisado a conciencia.

La sección cuarta de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía constata, en un dictamen al que tuvo acceso este periódico, que el instrumento de planeamiento urbanístico jiennense no cuenta con la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) ni con el Informe de Sostenibilidad Económica. Por ello, falla en contra de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, que le dio el visto bueno al PGOU, en primera instancia, con una orden del 3 de octubre de 2014. Además, condena a la Administración autonómica a asumir las costas del proceso. Al Gobierno regional le reprocha que no haya cumplido fielmente la ley en el caso de la EAE. Este análisis contempla un estudio previo del término, para determinar sus necesidades urbanísticas reales e, incluso, prevé la no redacción del PGOU, si no es estrictamente necesario. La EAE la estableció la Unión Europea en 2001 y el Estado culminó la trasposición de la norma en 2006, año en el que comienza, como recuerda el TSJA, la redacción del PGOU. En cuanto al informe sobre la sostenibilidad de los proyectos previstos, considera que no está bien justificada ni tiene en cuenta factores como el mantenimiento de las infraestructuras que se quieren levantar. A Inversiones Olivencia no le da la razón en su demanda de cambiar la clasificación del suelo al entender que, a pesar de todo, el PGOU jiennense no incluye errores ni arbitrariedades al considerar que estas parcelas no tienen calificación de urbanas. La Junta tiene treinta días para recurrir el dictamen, emitido el 25 de enero de 2018, en casación, ante el Tribunal Supremo. El plazo para las alegaciones comienza a contar desde la notificación de la sentencia, lo que ocurrió el pasado viernes 23 de febrero.