Una morosidad solo para “fuertes”

El Ayuntamiento tarda casi un año en pagar a proveedores y cada vez hay menos empresas pequeñas que le “fían”

26 ago 2016 / 16:30 H.

A mediados del siglo XIX, el naturalista inglés Charles Darwin revolucionó la historia de la biología al señalar que, en virtud de un proceso de selección natural, las especies evolucionan, cambian sus conductas y hasta mutan, a lo largo del tiempo, para adaptarse a nuevos ambientes. Sus ideas fueron utilizadas —y malinterpretadas de forma interesada— para justificar teorías como la existencia de una raza superior. Y, aunque de aquella idea solo quedan restos, la morosidad “in crescendo” del Ayuntamiento pone cada vez más en evidencia que solo son capaces de soportar los impagos —y no cerrar en el intento— las empresas “fuertes”. “Las grandes”. “Las que tienen músculo”, como comenta el portavoz municipal de Jaén en Común (JeC), Manuel Montejo. Aquellas que —como planteó la viceportavoz municipal del PSOE, Mercedes Gámez, en el pleno extraordinario de este mes— tienen capacidad para acumular meses de impagos y, después de un tiempo “prudencial”, reivindicar en un juzgado el dinero de los trabajos realizados y afrontar las costas que esta lucha conlleva.

“Al final, resiste el fuerte”. Este es el mensaje que —según el PSOE— está trasladando el Ayuntamiento a los proveedores. Mes tras mes, el periodo medio de pago que el Gobierno fijó en 30 días naturales, una vez que las facturas entran en registro, se incrementa un poco más, para pesadilla de sus proveedores. Gracias a la inyección de liquidez que la entidad local recibió del Ejecutivo central, a finales de 2014, en enero de 2015, los retrasos en los pagos se situaron en 150 días de media. Sin embargo, entre ese mes y el de octubre, el número de días se elevó a 209 y, según los datos que maneja el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en mayo la demora en pagar a los proveedores alcanzaba ya los 321 días. Once meses de retraso, aproximadamente, y diez meses por encima de lo que estipula la Ley de morosidad que el Ejecutivo del PP aprobó en julio de 2014.

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