Un testigo clave del caso de las fuentes denuncia coacciones
Explica que recibió llamadas telefónicas desde el “entorno del exacalde”
Uno de los testigos de la investigación que trata de determinar si el número 2 de Hacienda y exalcalde, el secretario de Estado José Enrique Fernández de Moya, pagó a sabiendas facturas infladas a una empresa por el mantenimiento de las fuentes públicas denuncia coacciones. Sostiene, como explicó a este periódico, que todo comenzó a raíz de que la Guardia Civil le preguntara, hace aproximadamente tres meses, acerca de unos hechos en los que se trata de determinar si hubo presuntos delitos de prevaricación administrativa continuada, falsedad en documento mercantil, malversación continuada de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias. Los imputados, figura actualmente denominada como investigado, son Fernández de Moya, la concejal Rosa Cárdenas, por firmar un decreto en su condición de alcaldesa accidental, en agosto de 2012; un técnico municipal y el responsable de la empresa a la que se le encomendó el servicio, una sociedad con sede social en Toro, Zamora, llamada Matinsreg.
El testigo sostiene que recibió llamadas telefónicas, en sus palabras, “del entorno de Fernández de Moya”, comunicaciones que entendió que pretendían intimidarle. En una ocasión identificó al interlocutor, ya que tenía memorizado su número. Se trata de unas de las personas que aparecen en las diligencias de la operación Auringi (Jaén en romano), que así la bautizó la Policía Judicial de la Guardia Civil de Jaén. El juez instructor, Antonio Valdivia Villa, les encomendó las pesquisas a esta unidad y, ante las supuestas amenazas, el teléfono del denunciante está monitorizado.
El próximo martes, día 5 de junio, están llamados a declarar José Enrique Fernández de Moya, Rosa Cárdenas, el técnico municipal y el responsable de Matinsreg.
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, juzgó que, en este momento, es “muy aventurado decir cuál es el resultado de la investigación” a su secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, citado a declarar ante la imputación de cinco posibles delitos relacionados con la corrupción cuando era alcalde de Jaén. Y es que argumentó que el caso está “en fase de diligencias previas”. Ante preguntas de los diputados Felipe Sicilia (PSOE) y Melisa Rodríguez (Ciudadanos) durante la sesión de control al Gobierno, celebrada en el Congreso, el ministro recordó que una causa similar ya fue archivada por la Fiscalía Provincial en abril de 2014. En cualquier caso, como apuntó, por lo que se le investiga, en sus palabras, “no tiene nada que ver con sus responsabilidades en la Secretaría de Estado”. Los dos diputados querían saber si el ministro iba a mantener en su puesto a Fernández de Moya, citado a declarar por prevaricación administrativa continuada, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos continuada, y cohecho y tráfico de influencias. Sin embargo, las cuestiones se diluyeron en el contexto del debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy. El socialista Sicilia Felipe Sicilia, cuestionó: “¿Qué credibilidad tiene un presidente de Gobierno que ha mentido ante un tribunal y ha cobrado sobresueldos de una ‘caja B’ que se nutría de mordidas y dirige a un partido condenado por beneficiarse de la corrupción?”.