Un millón de euros para acabar con la pobreza social
El convenio con la Junta busca ayudar a familias con menores para evitar el desamparo
La renovación del convenio con la Junta de Andalucía del Programa de Tratamiento a Familias con Menores, en situación de riesgo o desprotección, volverá a traer a la provincia un total de 1.157.655 euros que se dedicarán a mejorar la vida de dichos colectivos. Así, según exponen desde la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, donde detallan que continuarán con el trabajo realizado desde el inicio de este proyecto (2015) con el objetivo de proteger los derechos de los ciudadanos jiennenses y, sobre todo, de los menores.
Las cuantías que corresponden a cada entidad local adscrita a este programa de la Junta fueron publicadas el pasado viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). El documento constata que el presupuesto que recibirá la provincia de Jaén es el mismo al percibido el año pasado: 1.157.655 euros, que se repartirá entre la Diputación de Jaén, con 532.836 euros; el Ayuntamiento de Jaén, con 149.069; las administraciones locales de Alcalá la Real, Andújar, Martos y Úbeda, con 88.806, y el Ayuntamiento de Linares, con 120.526. El delegado encargado del Área, Antonio Sutil, asegura que la partida destinada a este convenio se mantiene en los mismo niveles porque entienden que es “algo que funciona y a lo que hay que darle continuidad”. Asimismo, detalles que en este tipo de proyectos se hace “un buen trabajo” y que son “muy importantes” debido a que con ellos se trata de “preservar los derechos de las personas y, sobre todo” de los menores”.
Equipos y técnicos. En esta continuidad con el Programa de Tratamiento a Familias con Menores, Sutil apunta que la Junta “destinará 1,6 millones de euros” a los 12 los convenios existentes en la provincia. Desde el BOJA se apunta que la cuantía a transferir a las entidades se divide en función del número y composición de los equipos técnicos que les correspondan. En el caso de Jaén, la Diputación es la que más efectivos destinan (19), seguida por el Ayuntamiento de la capital (6). En total, en la provincia de Jaén hay 46 efectivos dedicados al desarrollo y funcionamiento del programa. “Es un trabajo con los presupuestos prorrogados, pues se entiende que es un presupuesto que estaba bien encauzado”, insiste el delegado provincial.
Este convenio tendrá una vigencia temporal entre el 1 de mayo de 2019 y el 30 de abril de 2020. Una iniciativa que Antonio Sutil marca como una ayuda al trabajo previo “donde hay que focalizar bien antes de que se dé la situación de la familia provoque el desamparo del menor”. Y, además, remarca que es “especialmente importante” para ayudar “a todas esas familias que ya están en desamparo y con las que la Junta establece un trabajo previo con la familia y el niño para buscar una reunificación” que, posteriormente, quede resuelta como satisfactoria.
Para este nuevo año que se abre en la actividad del programa, Antonio Sutil apunta que serán beneficiados en torno al mismo número de personas que el año pasado (344 familias y 700 menores). Aunque detalla: “Todo depende de el trabajo que realicen los Ayuntamientos, así como de las necesidades que se perciban en la población y los casos que se den. Es decir, que la realidad es realmente quien marca los casos de desamparo que pueda haber”.
La tasa de población en riesgo de pobreza y exclusión social continúa en descenso en Andalucía y, a falta de conocer los resultados de 2018 en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), en 2017 se sitúa en 30,3%. Esta cifra refleja un descenso de 2 puntos y se acerca a datos anteriores a 2010, antes de sufrir los efectos más agudos de la crisis. Esta tasa se encuentra reflejada dentro del Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030, un programa que fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas, en 2015, donde se están recogidos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas, el núcleo de dicho programa. Con este compendio de indicadores se busca brindar un nuevo marco de política mundial para acabar con la pobreza, combatir las desigualdades y enfrentar el cambio climático. Andalucía se sumó, así, a estos objetivos de la Agenda 2030 y en sus registros también se puede ver como la tasa de trabajo en riesgo de pobreza también ha experimentado una bajada significativa en el periodo 2016-2017, con un porcentaje que va de 24,7% a 17,9%. Una variación tan aguda que no tiene precedente en los datos que contempla el IECA en el programa europeo. A pesar de esto, Andalucía se sitúa a niveles próximos a los de Rumanía en lo referente a tasa de trabajo en riesgo de pobreza.
en proporción
La Unión Europea advierte que, aunque la población en riesgo de pobreza o exclusión social está disminuyendo, la proporción de esta “sigue siendo elevada”. Así lo refleja la Comisión Europea en el Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión, “Informe sobre España 2018, con un examen exhaustivo en lo que respecta a la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos”.
Así, desde le entidad europea exponen que la disminución se debe a “una caída de la privación material grave y del porcentaje de personas que viven en hogares con intensidad laboral muy baja o baja, factores que, a pesar de haber mejorado, siguen presentando valores muy elevados”. En el informe de 2018 recuerdan que el porcentaje de personas en riesgo de pobreza económica permaneció estable en 2015, en el 22 %, una cifra “muy superior a la media de la UE”. Debido a esto, la Comisión Europea sostiene que, a pesar de que está mejorando, la situación de los niños y jóvenes sigue siendo “preocupante”, tal y como lo demuestran los elevados porcentajes de abandono escolar prematuro, de jóvenes que ni trabajan ni siguen estudios ni formación y de niños en situación de pobreza. La intensidad laboral es, así, uno de los factores más determinantes de la pobreza y la desigualdad.