Un juez obliga a FCC a vigilar el vertedero clausurado

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Jaén obliga a la empresa FCC a vigilar el vaso dos del vertedero municipal, clausurado en el año 2016 tras haber alcanzado su máxima capacidad. La compañía, que tiene la concesión municipal del servicio de recogida de basuras, se había negado al mantenimiento de esta instalación tras su cierre y argumentaba que debía ser el Ayuntamiento el que debía preservar esta infraestructura. El magistrado Humberto Herrera considera que es la empresa la que tiene que realizar las labores e vigilancia y control durante los próximos treinta años.

Para entender la situación hay que retrotraerse al año 2016, cuando la Junta de Andalucía, que tiene las competencias en medio ambiente, aprobó el proyecto para la clausura y el sellado del vaso 2 de vertedero municipal, ubicado en la carretera de Fuerte del Rey. La Administración autonómica resolvió que debía ser FCC, que explotó esa instalación, la que tendría que hacerse cargo del control durante el periodo posterior a su cierre. La empresa concesionaria rechazó esta medida y alegó que debía ser el Ayuntamiento como propietario de la infraestructura el que debía efectuar la vigilancia tras su sellado. La cuestión no es baladí, sobre todo por los problemas de filtraciones de residuos tóxicos y peligrosos que se produjeron hace unos años. De hecho, dos de los antiguos responsables de FCC en Jaén deben sentarse en el banquillo como presuntos autores de un delito ecológico.

En su sentencia, el magistrado Humberto Herrera recuerda la normativa vigente y asegura que debe ser la entidad explotadora del vertedero la que se encargue de su vigilancia durante el tiempo que esa instalación “pueda suponer un peligro significativo para la salud de las personas y el medio ambiente”. “En ningún caso, ese plazo podrá ser inferior a treinta años”, añade el juez en su resolución, a la que ha tenido acceso Diario JAÉN. Por ello, la Justicia desestima el recurso presentado por la empresa FCC contra la decisión de la Junta de Andalucía de adjudicarle las labores de vigilancia del vertedero tras su clausura. También le impone las costas procesales a la multinacional. De este modo, la compañía concesionaria del servicio de basuras tendrá que seguir realizando los trabajos de control y mantenimiento. La sentencia todavía no es firme y cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.