Un juez investiga las cuentas de la asociación de Primayor
Abre una pieza separada para indagar sobre el origen del dinero
A mediados de febrero, la Policía detuvo a dos extrabajadores de la empresa Primayor acusados de apoderarse de casi 100.000 euros. El dinero estaba ingresado en una cuenta perteneciente a la Asociación para la Promoción y la Mejora de los Trabajadores, formada por 147 empleados de la antigua cárnica. Desde que estallara el caso, la pregunta es obvia: ¿Cómo consiguieron estos exempleados tener un saldo a su favor de casi 150.000 euros si, como ellos mismos denunciaban, estaban prácticamente en la indigencia? Es lo que trata de aclarar el magistrado Antonio Valdivia, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén, que ha abierto una pieza separada de la principal para investigar este espinoso asunto.
Lo que su señoría ha hecho, por el momento, es solicitar a la entidad bancaria en la que la Asociación tenía el dinero que aporte un informe exhaustivo sobre todos los movimientos registrados: quién y cuándo lo ingresó, en concepto de qué y a qué se destinó. Ese documento ya está sobre la mesa del juez para su estudio. Es el primer paso para saber el origen y el destino de esos fondos, si esos dineros se utilizaron para el fin por el que fueron concedidos o, simplemente, fueron una paga a cambio de paz social.
La pieza separada, que ya acumula tres tomos, removerá las sombras que acechan a la antigua empresa cárnica. Una firma en la que, según la juez Alaya, se gestó el sistema de los EREs fraudulentos, es decir, que fue el germen del mayor caso de corrupción detectado en Andalucía. En su órbita estuvieron Juan Lanzas y los Ruiz Mateos. En Primayor, además, se inyectaron miles de euros en cursos de formación, un sistema que la Justicia también está investigando en la actualidad.
Es público y notorio que, a través de la asociación de exempleados de la cárnica, se impartieron diversos cursos financiados por la Junta. El expresidente del colectivo, que es uno de los detenidos por apropiarse del dinero, así lo reconoció en su declaración judicial. Diversas fuentes consultadas apuntan a que relató a su señoría que los fondos de los que se apropió habían sido aportados por la Administración autonómica para la formación de los empleados en diversas materias como salud laboral o para el proceso de selección de la fábrica de precocinados del Grupo Dhul y que se instalaría en la fábrica Primayor. Una factoría que jamás llegó a funcionar, pese a que sus impulsores, la familia Ruiz Mateos, cobró cuatro millones de euros de ayudas públicas. En este punto, la pregunta también es evidente: ¿Se realizaron realmente esos cursos o fueron una pantomima? Esa es otra de las cuestiones a las que tratará de dar respuesta el magistrado Valdivia en la pieza separada.
No hay investigados. Cuando se destapó el supuesto desfalco, la delegada del Gobierno andaluz, Ana Cobo, dijo, literalmente: “La asociación tendrá que dar cuenta de dónde proviene ese dinero y qué ha pasado con él”. También anunció la intención de la Junta de personarse en el procedimiento judicial en el caso de que fuera la Administración autonómica la que aportara esos fondos. Sin embargo, diversas fuentes consultadas confirman que esa personación todavía no se ha producido.
Y es que la pieza separada está todavía en una fase muy embrionaria. La documentación aportada por la entidad bancaria y la investigación policial determinarán si el dinero que había en la cuenta procedía de las arcas públicas. Ese será el hilo del que tirará su señoría en un asunto de alta sensibilidad social.
El juez Antonio Valdivia tiene previsto tomar hoy declaración a los dos extrabajadores de Primayor detenidos por la Policía por la apropiación indebida de casi 100.000 euros pertenecientes a la asociación. A las diez y media está citado Manuel L. B., el presidente del colectivo y que también fue presidente del comité de empresa. Ante la Policía, reconoció que se llevó 80.000 euros de la cuenta porque atravesaba por problemas económicos. Ideó un sistema basado en la falsificación de las firmas de las tres personas que debían autorizar las extracciones de dinero. Un cuarto de hora después, está citado por el juez José Luis C. M., otro miembro del comité de empresa. Presuntamente, se enteró de lo que estaba haciendo Manuel L. B. y también sacó dinero de sus compañeros, en concreto unos 20.000 euros. Algo que él siempre ha negado.
El caso se destapó en una asamblea celebrada el 29 de diciembre. La asociación llevaba un lustro sin celebrar reuniones y, finalmente, un juez atendió la petición de varios socios para que la directiva rindiera cuentas. Fue entonces cuando Manuel L. B. reconoció que había cogido dinero. El tesorero, el vicepresidente y un vocal presentaron sendas denuncias contra él. Los tres están también citados hoy como testigos.
Acampados . Los 140 empleados de Primayor vivieron un calvario laboral y vital como consecuencia de la quiebra de la empresa en la que trabajaron. Tras muchas protestas, la Junta les puso sobre la mesa un plan industrial para su recolocación en una fábrica de precocinados del grupo Dhul y en otra factoría dedicada a la energía eólica. Ninguno de los dos proyectos fructificó. Los trabajadores volvieron a quedarse en la estacada.