Un fraude de 24.900 euros con una “empresa fantasma”

Francisco V. A., un jiennense de 35 años, fundó un empresa que tenía como objeto social la reparación de muebles. Dio de alta a varias decenas de trabajadores. Sin embargo, ninguno llegó a pisar la carpintería, entre otras cosas, porque ni tan siquiera existía. Jamás realizaron actividad laboral alguna. La sociedad no era más que un “chiringuito” montado por Francisco para que sus falsos trabajadores pudieran acceder a prestaciones como el desempleo sin tener derecho a ellas. En total, consiguieron cobrar de forma indebida la nada despreciable cantidad de 24.900 euros. Ayer, el “empresario” y sus empleados admitieron ante la Justicia haber cometido un fraude a la Seguridad Social. Fueron condenados a la pena mínima: seis meses de prisión que, serán sustituidos por tres meses de trabajo en beneficio de la comunidad. Eso sí, tendrán que devolver todo el dinero que se embolsaron de forma ilegal.

El mecanismo defraudatorio es sencillo: la empresa “fantasma” da de alta a los trabajadores el tiempo necesario para generar el derecho a cobrar el subsidio de desempleo. Eso sí, el falso empresario cobra una determinada cantidad de dinero por el trámite y no cotiza ni un solo euro por ellos. Solo los contrata sobre el papel, sin que ninguno llegue a realizar actividad alguna. Francisco V. A. es un “experto” en este tipo de estafas a la Seguridad Social. De hecho, está en prisión por hechos similares, tal y como se encargó de recordar la Fiscalía en el juicio.

Le constan, al menos, seis detenciones por este tipo de fraudes. La última fue en el marco de la conocida como operación “Fierro”, desarrollada por la Policía Nacional en el primer trimestre de 2016. Francisco V. A. fundó una empresa en septiembre de 2014, que puso a nombre de su mujer. Esta sociedad, que teóricamente se dedicaba al negocio de la tapicería, contrató a 60 trabajadores. Eso sí, la empresaria no satisfizo ni una sola cuota a la Seguridad Social. En febrero de 2015, la Inspección de trabajo comenzó a investigarla por ello. Y los técnicos pronto comprobaron que la tapicería era una empresa “ficticia”. Visitaron las dos direcciones que figuraban como domicilio social de la entidad y eran viviendas particulares. No había ni rastro de naves, ni de sofás, ni de sillas para tapizar. Después, los agentes interrogaron a los 60 supuestos trabajadores. Más de la mitad reconocieron que jamás habían pisado la empresa. De toda la plantilla, 19 solicitaron cobrar el paro de forma indebida. Este caso, que generó un agujero de 118.000 euros a las arcas públicas, está todavía pendiente de juicio.