Trabajos para la comunidad por malgastar ayudas públicas

La juez del Penal número 2 de Jaén, Carmen Carpio Lozano, dictó “in voce” la sentencia condenatoria contra el empresario Eduardo S. B., en el banquillo por no dar uso a unas ayudas públicas concedidas por la Junta para la creación de puestos de trabajo. El monto ronda el millón, en concreto, tras aplicarle los intereses, 1.112.723,83 euros. La cantidad fue concedida a la empresa MKF, de la que era administrador el procesado, merced a órdenes distintas, en 2008 y 2009, para la creación de 95 puestos de trabajo, empleos para personas con discapacidad. Sin embargo, como se encargó de recordar la representante del Ministerio Fiscal, en septiembre de 2011, no había alta alguna en la Seguridad Social. Aunque en un principio se reclamaban cuatro años de prisión, finalmente, el fallo en contra del empresario consistió en el cumplimiento de 8 meses de trabajos para la comunidad, sustitutivos del internamiento penitenciario; la devolución de la cantidad entregada, el pago de las costas procesales, incluida la acusación particular, inhabilitación y la imposibilidad de disfrutar de ayudas públicas a lo largo de seis años.

Junto a Eduardo S. B. estuvo frente a frente con su señoría Moisés M. L., para el que también se reclamaban cuatro años entre rejas. Finalmente, salió absuelto de la sala de vistas. El condenado Eduardo S. B. reconoció que este nada tenía que ver en el negocio, al haberle otorgado un poder para que hiciera y deshiciera en MKF de la que, sí es cierto, constó inicialmente como administrador mancomunado. Su abogado aprovechó sus conclusiones finales para recordar los perjuicios causados a su cliente por verse inmerso en el procedimiento. El caso ya estuvo a punto de ser juzgado, el 15 de junio de 2015, en la Audiencia Provincial de Jaén, sin embargo, la Sección Segunda decretó la nulidad de las actuaciones y que se repitiera la instrucción porque, a los dos enjuiciados, no se les había tomado declaración en los juzgados jiennenses. Una vez “reiniciada” la investigación, la Fiscalía volvió a presentar los cargos.

A la vista estaban llamados a declarar medio centenar largo de testigos, sobre todo, trabajadores. Aunque tanto los guardias civiles encargados de la custodia de las dependencias judiciales, como la funcionaria del Penal número 2 que auxilió en la vista, hicieron lo mejor que supieron para recibir y pasar lista a tal cantidad de ciudadanos llamados por la Justicia, el edificio público, literalmente, se saturó. En una medida totalmente fuera de lo común, se decidió abrir una de las puertas, que se usa solo para la entrada y salida de presos, para que los que aguardaban para declarar esperaran en la vía pública. Como era previsible, las dos partes renunciaron a llamarlos al estrado, al haberse alcanzado un acuerdo para rebajar la condena, con el reconocimiento de Eduardo S. B. de su culpa.