Reunión en Sevilla de la Junta y el Ayuntamiento sobre el PGOU

Dos semanas después, el Ayuntamiento y la Junta se sentarán, según pudo saber este periódico, el próximo miércoles, para buscar una estrategia conjunta para responder a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que tumbó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2014, que entró en vigor en 2016. Desde que el fallo, que todavía no es firme, transcendió a la opinión pública, el pasado 27 de febrero, el escenario es distinto, al haberse dado pasos clave. Hasta el miércoles pasado, solo cabía una posibilidad de defender el documento, que pasaba porque la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que fue la que aprobó el PGOU redactado por el Ayuntamiento, lo recurriera en casación ante el Tribunal Supremo. La incógnita de si lo iba a hacer o no aún no está despejada. Sin embargo, el Gobierno local, que, en un primer momento parecía abocado a depender de lo que hiciera el Ejecutivo regional, logró que el TSJA atendiera la petición de nulidad de la sentencia, con el argumento de que se produjo indefensión, al no darle posibilidad de personarse en el pleito. Esto da más tiempo para reaccionar, ya que se abre un nuevo periodo de alegaciones que permite a la Administración local intentar tumbar el fallo. En esta fase, además del Ayuntamiento, pueden comparecer la Junta e Inversiones Olivencia, la firma inversora que, con su recurso, dio lugar a la sentencia en contra del documento urbanístico. Con esta situación, se reunirán en Sevilla responsables de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y del Ayuntamiento. Es previsible que, en la delegación jiennense esté el alcalde, Javier Márquez, que tiene las competencias municipales de Urbanismo y fue parte activa en la redacción del PGOU cuestionado por la Justicia.

Las primera oportunidad de hablar sobre el dictamen de los tribunales en contra del documento urbanístico lo tuvieron el equipo de Gobierno y la Junta, el lunes, a cuenta de la visita que realizó a Jaén la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, que pidió terrenos al máximo responsable municipal para construir la Ciudad de la Justicia. También estuvo presente la delegada del Gobierno andaluz, Ana Cobo. El clima entre las dos partes es de entendimiento y la propia Cobo dejó claro que la voluntad del Gobierno autonómico es brindar todo el apoyo que sea preciso para evitar que los efectos de la sentencia en contra del planeamiento urbanístico, en caso de que finalmente prospere, sean los mínimos. Por el momento, el proyecto que más preocupa, por la inversión que supone, superior a los 80 millones de euros, los puestos de trabajo que creará, un millar, y por estar ya en marcha es el centro comercial Jaén Plaza, en Las Lagunillas. El alcalde apostó por demorar los plazos judiciales al máximo, con todos los recursos que sean posibles, para permitir el avance de los trabajos de la gran superficie, en la que se instalarán operadores como Inditex, Decathlon y Yelmo Cines. De hecho, aseguró que el grupo Alvores, promotor del megacentro comercial, es de la misma opinión. En la rueda de prensa que anunció esta estrategia reclamó a la Junta agilidad para otorgar los permisos que son necesarios todavía para que las empresas interesadas en abrir sus establecimientos puedan solicitar las correspondientes licencias municipales.

Hay más en juego, entre ellas, el tranvía, construido por la Consejería de Fomento y que está recogido en el PGOU de 2014, no así en el de 1996, al que volvería la ciudad en caso de que no se salve el último documento. En la misma situación, aclaró el regidor, están otras necesidades, como la construcción de la Estación Intermodal, la construcción de un instituto en el solar del APA-III, en el casco antiguo, o la ampliación del campus de Las Lagunillas. El PGOU de Jaén, no obstante, tiene más obstáculos que salvar aparte de este, ya que hay otro recurso pendiente de resolver, de Hacienda Las Cuevas, además de otros pleitos interpuestos por Jaén en Común y Ecologistas en Acción.