Profesores de Religión piden que se mantengan sus horas

Encuentro decisivo a la vista. Los sindicatos ANPE, USO y CSI-F se reunirán mañana con la consejera de Educación de la Junta, Adelaida de la Calle. El asunto que será abordado afecta al futuro de los profesores de Religión de Andalucía. Las organizaciones reivindican el mantenimiento de las horas lectivas tanto en Primaria como en Secundaria —dos sesiones semanales de cuarenta y cinco minutos en el primer caso—. Más de doscientos docentes de la provincia están preocupados por el futuro de su materia después de la aplicación de la Lomce. La reducción de carga repercutiría en menores ingresos.

Enrique Víboras, responsable del profesorado de Religión ANPE Andalucía, explica a Diario JAÉN que la cita con Educación es crucial. “Es un problema laboral creado por los políticas que requiere, precisamente, su voluntad. Estamos dispuestos a ir hasta donde sea necesario”, manifiesta.

La reunión se celebrará a las doce del mediodía en la consejería del ramo. Que se realice no ha sido fácil. La ANPE ya envió un escrito a De la Calle para que los representantes sindicales fueran atendidos “a finales de marzo”. “Nos reservamos las medidas de presión que consideremos oportunas”, adelantaron entonces las organizaciones. Era una señal inequívoca de lo que aún es una opción: acudir a los tribunales. Víboras señala que el 90 por ciento de los docentes que pueden ver afectadas sus nóminas son “padres y madres de familias”.

Las horas contratadas actualmente son veinticinco en Primaria y veinte en Secundaria.

solución. “Lo que pretendemos es negociar con la administración la estabilidad del empleo con actividades alternativas que completen la jornada laboral”, avanza.

En este sentido especifica que se trata de cuestiones que no entran en conflicto con especialistas en otras asignaturas. “No haremos actividades para las que no estamos habilitados”, indica. Eso sí, considera que el profesorado de Religión está en condiciones de asumir tareas de otro tipo: “Apoyo, el aula de convivencia y la biblioteca, por ejemplo. Precisamos la autorización de las administraciones”, enfatiza Enrique Víboras.

La preocupación de las organizaciones es qué ocurriría con profesionales que acumulan veinte años en la administración pública. “No pueden quedar fuera del sistema educativo por una cuestión política”, sentencia.