Primera condena por el fraude de los cursos de formación

La Audiencia acaba de imponer la primera condena en la provincia por el fraude de los cursos de formación. Ha castigado con 21 meses de cárcel por un delito de estafa a dos empresarios de Quesada. Se trata de un matrimonio que inventó e infló facturas para justificar una subvención de 93.000 euros concedida por la Junta para la realización de un curso de peluquería para desempleados en el año 2011. “Lo realizado en ese establecimiento fue cualquier cosa menos un curso”, dice, literalmente, el magistrado ponente en su sentencia. La sala describe un enorme catálogo de irregularidades cometidas por los dos empresarios y que lleva a concluir que los 15 alumnos no realizaron “actividad formativa de clase alguna”.

La resolución judicial, que no es firme, explica el matrimonio era propietario de un negocio de peluquería que explotaba desde el año 1993. En 2005, Ramón C. B. y Juana N. Z. constituyeron una comunidad de bienes y homologaron su local para la ralización de cursos oficiales promovidos por la Consejería de Empleo. En 2011, recibieron 93.000 euros para la realización de una de estas acciones formativas. Sin embargo, la sentencia explica que ese curso, simplemente, no existió. Para justificar los gastos de cara a la ayuda, los empresarios hicieron firmar a los 15 alumnos una hoja de recepción de material: cepillos, lavacabezas, horquillas, moldeador, peines, secaderos, sillones... Sin embargo, en la práctica, solo les entregaron “una libreta, un bolígrafo y fotocopias de apuntes”, tal y como se hace constar en la resolución judicial. La sentencia también establece que no existía un control de asistencia. Eran las propias alumnas las que firmaban el parte de control “de forma aleatoria”. Una de las participantes en el curso obtuvo el diploma acreditativo a pesar de reconocer que solo había asistido a clase en tres ocasiones en un curso que, sobre el papel, se prolongó durante nueve meses y medio. “La ausencia de una mínima formación era tan evidente que, de todas la alumnas que asistieron, solo una manifestó trabajar actualmente de peluquera, aunque para ello necesitó realizar otro curso distinto”, explica el magistrado en los hechos probados.

Para la Justicia, los empresarios presentaron ante la Junta facturas que iban referidas “a gastos ficticios” o que se correspondían con la gestión del negocio de peluquería que seguía existiendo en el local. Destacan los 34.6222 euros destinados a supuestas adquisiciones de material para los alumnos que nunca entregaron; o los más de 10.000 euros en tareas de mantenimiento del inmueble que nadie vio. Los condenados también colaron como gastos el alquiler del edificio donde impartían las clases, que era suyo, y la nómina de profesora de Juana N. Z. “por una labor docente que fue inexistente”.

Para la Audiencia, los dos empresarios solo tenían la intención de cobrar la subvención, “sin la más mínima intención de desarrollar la actividad formativa”. “Fue una maniobra engañosa para conseguir el desplazamiento patrimonial”, añade. Por ello, además de los 21 meses de cárcel, la sentencia condena al matrimonio a devolver los 93.000 euros que les concedió la Junta por un curso que nunca existió.