Primer juicio por el tabaco ilegal

El Juzgado de lo Penal número 1 de Jaén acogerá, la próxima semana, el primer juicio por contrabando de tabaco a gran escala que se celebra en la provincia. En el banquillo de los acusados se sentará José Manuel M. A., un transportista para el que la Fiscalía reclama una condena de un año y medio de prisión. Este vecino de Sevilla fue sorprendido “in fraganti” por la Guardia Civil cuando hacía un porte de 360.000 cigarrillos ilegales. En la furgoneta que conducía en la noche del 5 de junio de 2014, llevaba 18.000 cajetillas de una marca desconocida en el mercado español. “Todas carecían de las correspondientes precintas fiscales, que acreditan el pago del impuesto sobre las labores del tabaco”, explica la fiscal Beatriz Rey en el escrito de acusación provisional.

A José Manuel M. A. lo estaban esperando en un control de carretera expresamente montado por el Instituto Armado “para la represión del contrabando”. Los investigadores tenían en marcha la bautizada como operación “Monkey”. Habían detectado que la actividad de un grupo que, presuntamente, era capaz de distribuir cajetillas en grandes cantidades en diferentes municipios de la provincia. Según las investigaciones, uno de los que hacía los portes era José Manuel M. A. Le dieron el alto cerca de Bailén. Cuando los guardias civiles abrieron el portón de la furgoneta, comprobaron que habían acertado de lleno. Un agente del Servicio de Vigilancia Aduanera levantó acta de la infracción y, posteriormente, un inspector de Hacienda hizo un informe en el que se reflejaba que era tabaco de contrabando.

La operación “Monkey” se saldó con más de 30.000 cajetillas de tabaco ilegales —18.000 las llevaba el acusado en su furgoneta— y once detenidos. Sin embargo, la Fiscalía solo pudo presentar cargos contra José Manuel M. A. En el año 2011, el Gobierno modificó la ley orgánica de represión del contrabando, vigente desde 1995. En realidad, vino a adaptar las penas conforme al sistema del Código Penal. Ahí se introdujo, por ejemplo, la consideración de que estas conductas serían consideradas delito a partir de 15.000 euros en el tabaco, un tope que buena parte del sector cree que debería ser más bajo. Según la Fiscalía, la mercancía que llevaba el acusado está valorada en 75.600 euros.

El tabaco de contrabando alcanza ya cifras preocupantes. Hace unos años, su presencia en las calles era casi anecdótica, un recuerdo testimonial de aquellos años del estraperlo. Con la crisis, miles de españoles quisieron ahorrarse unos euros con un producto que supone un fraude a las arcas públicas y que, además, puede representar un problema de salud pública. Y lejos de ser una moda pasajera, parece que ha venido para quedarse. De hecho, ya ha comenzado a afectar con mucha fuerza a los casi 300 estanqueros de la provincia.

No en vano, el consumo de tabaco ilegal se ha duplicado en Jaén en tan solo un año: ocho de cada cien cigarrillos que fumaron los jiennenses a lo largo de 2015 no tributaron los impuestos en España. Un año antes, ese porcentaje era tan solo del 4,1 por ciento, según los últimos datos publicados por la Mesa del Tabaco. Se trata de un organismo que nació para tratar de poner freno a este tráfico ilícito muy peligroso para la salud de los consumidores, pero también para la economía de los negocios que sí pagan los impuestos y, también, para las arcas estatales.

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado también han incrementado su presión sobre los contrabandistas del tabaco. De hecho, la Guardia Civil de Jaén ha firmado dos de las operaciones más importantes en este ámbito —Picado 1 y Picado 2—. En la primera, desarrollada en noviembre de 2015, se intervinieron 41 toneladas de hoja de tabaco ilegal. Seis meses más tarde, se culminó el segundo operativo, que permitió incautar 88 toneladas. Las dos organizaciones desmanteladas entonces trabajaban de la misma manera: Presuntamente, adquirían las hojas de tabaco y las convertían en picadura a otras firmas y particulares. Simulaban ser una mera comercializadora mayorista de hojas sin acondicionar destinadas a un consumo distinto del de ser fumado. Con esta estrategia, conseguían eludir el control de las autoridades sanitarias, fiscales y reguladoras del producto.