Primayor, un “pozo” con fondos

La detención de los dos extrabajadores de la empresa Primayor acusados de apropiarse de casi 100.000 euros de sus antiguos compañeros ha puesto a descubierto un asunto que puede tener mucha más trascendencia. El dinero estaba ingresado en una cuenta perteneciente a la Asociación para la Promoción y Mejora de los Trabajadores, formada por 147 empleados de la antigua cárnica. La pregunta es obvia: ¿De dónde proceden esos fondos? Será el juez Antonio Valdivia, que lleva las diligencias de este caso, el que deberá decidir si investiga esa cuestión. Sin embargo, se trata de un caso que presenta muchas más interrogantes que no tienen respuesta.

La Asociación para la Promoción y la Mejora de los Trabajadores, formada por los empleados de Primayor, llevaba casi un lustro sin celebrar una asamblea. Varios socios acudieron a un juez para que el presidente del colectivo, Manuel L. B. —uno de los dos detenidos ahora— rindiera cuentas. Lo hizo el pasado 29 de diciembre y reconoció que, entre noviembre de 2012 y finales de 2015, había cogido 80.000 euros porque atravesaba por problemas económicos. Varios días después, los entonces vicepresidente, tesorero y vocal presentaron sendas denuncias contra él. Una vez detenido por la Policía, Manuel L. B. también confesó y explicó que un antiguo miembro del comité de empresa, José Luis C. M., se enteró de lo que estaba haciendo y también sacó dinero de la cuenta de sus compañeros. En concreto, lo acusó de apropiarse de 20.000 euros. También fue arrestado, si bien negó su participación en los hechos.

“Tendrán que dar cuenta de dónde proviene ese dinero y qué ha pasado con él”, dijo ayer la delegada del Gobierno andaluz, Ana Cobo, cuando fue preguntada por el caso. Y cuando le cuestionaron si la Junta se personará en el procedimiento, en el caso de que sea la Administración que ha aportado esos fondos, su respuesta fue tajante: “Pues claro que sí”. De momento, el oscurantismo rodea esta cuestión. Algunas fuentes hablan de indemnizaciones del Fogasa a los trabajadores; otras afirman que se trata de subvenciones para cursos de formación... Nada se sabe con exactitud y así lo hace constar la Policía Nacional en el atestado que le entregó al juez. Para los investigadores, se trata de una incógnita sencilla de resolver: solo hay que solicitar a la entidad bancaria en la que se abrió la cuenta un informe en el que refleje qué ingresos ha recibido y por qué concepto. Pero esa decisión corresponde a su señoría, que todavía no se ha pronunciado al respecto. Hay que recordar que lo que el magistrado Antonio Valdivia tiene sobre su mesa es una denuncia por apropiación indebida y falsedad y que las investigaciones no han hecho nada más que empezar.

En principio, los reintegros para poder sacar dinero de la cuenta debían llevar la firma de los cuatro miembros que formaban la junta directiva de la Asociación. El presidente explicó que falsificaba las rúbricas de sus compañeros y que el otro detenido también lo hacía en talones nominativos que iban a su nombre. Con este procedimiento, Manuel L. B. contó al juez que se realizaron más de 70 operaciones fraudulentas, en las que se extrajeron unos 100.000 euros en números redondos. De momento, los investigadores no han podido comprobar si alguien más ha sacado dinero, ya que no han tenido acceso a los extractos de la cuenta.

Así lo apuntan todos los indicios. Lo que está claro es que no procede de las cuotas que pagaban los socios de la Asociación, tal y como indican fuentes cercanas al caso. Se sospecha que es dinero procedentes de subvenciones que, durante años, gestionó para ellos Juan Lanzas, considerado el “conseguidor” de los ERE. Ana Cobo no confirmó esta cuestión, aunque sí repitió que la Junta “actuará como proceda”. De ser así, hay dos cuestiones evidentes: La primera es por qué se concedió ese dinero. La segunda es si las administraciones públicas comprobaron que se destinaba a los fines para los que fue concedido.

Manuel L. B., el que fuera presidente de la asociación y portavoz de los trabajadores de Primayor, ha reconocido que cogió 80.000 euros de la cuenta del colectivo. Dicen los investigadores de la Policía que se mostró “muy colaborador” y facilitó la resolución del caso. Además, ha devuelto 10.000 euros en efectivo e, incluso, ha puesto como aval su propia casa. Su objetivo es conseguir una atenuante de reparación del daño y, así, beneficiarse de una rebaja del posible castigo que le caiga.