Pilar Cano y su familia se ven de nuevo sin techo

Un mes para recoger sus cosas y dejar la vivienda y, a cambio, la retirada de los cargos de los que se les acusaba por okupar el inmueble y por enganches ilegales a las redes de luz y agua. Así acabó la jornada de ayer para Pilar Cano y sus hijos. Hace once meses, después de agotar la ayuda de Cáritas (seis meses del pago de un alquiler) y sin que el Ayuntamiento o la Junta le ofrecieran alguna alternativa habitacional —como denuncian los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Jaén y de la “Acampada Esperanza”—, esta familia optó por la única solución que la salvaba de una existencia en la calle: la okupación.

Según su primogénita, Pilar Córdoba Cano, les dijeron que, en la Urbanización Azahar, había una casa vacía, propiedad del Banco Popular, y la okuparon, sin necesidad de romper cerraduras, dijo. “La cochera estaba abierta y el acceso era fácil. Solo tenían que saltar la reja y se metieron”, indicó. Ocurrió en noviembre y, con la salvedad de que, al menos, tenían el cobijo de un techo, estos once meses “han sido duros”. “Sin luz y sin agua” la mayor parte del tiempo, porque la enganchaban —admitió su hija—, pero, a los pocos días, les retiraban los suministros. “Y nunca han tenido agua caliente, porque la casa estaba vacía. Se lo habían llevado todo y no tenían recursos para comprar un calentador”, indicó Córdoba Cano. La situación de Pilar Cano y de tres de sus hijos, de entre 18 y 26 años, ha sido “muy precaria” e, igualmente, insostenible para la entidad financiera, que decidió ejercer acciones judiciales para desahuciar a los “okupas”.

El resultado de esas acciones fue un juicio de faltas que se saldó con un acuerdo que Pilar Córdoba consideró “satisfactorio”. “Nos dan un mes de plazo para abandonar la vivienda y, si lo hacemos de forma voluntaria, no tendremos cargos”, confirmó la hija de Cano a este periódico, aunque ella no participó en la okupación, ni vive en el inmueble. La dejarán, por lo tanto. De esa forma, evitan una sanción económica de “6 euros diarios por persona durante 6 meses” o un arresto domiciliario que tendría que producirse en el centro penitenciario porque carecen, precisamente, de domicilio.

Y, de nuevo, mientras llega el día D del desalojo de la vivienda, volverán a mover hilos y a llamar a las puertas de las administraciones para evitar quedarse en la calle. Una vez más, y ya es la tercera ocasión en la que esta familia se encuentra con el agua al cuello y con la amenaza de verse sin un techo, cuenta con el apoyo de la PAH, de la “Acampada Esperanza”, del grupo municipal de Jaén en Común (JeC) y también con el apoyo del Partido Comunista de Andalucía y, por extensión, de IU. Los tres primeros reivindicaron, ayer, delante del Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén, la absolución de Pilar Cano y de su familia, y una alternativa habitacional en una ciudad que reivindican que esté “libre de desahucios”.