Piden el embargo de un piso de la Junta por el impago de la comunidad
Se deben unos 6.000 euros correspondientes a 45 meses
Los vecinos del Bloque 9 del Sector 8 del Polígono del Valle han pedido a la Justicia el embargo de uno de los cinco pisos que la Junta posee en ese residencial por el impago que inquilinos morosos mantienen con la comunidad: “No nos ha quedado más remedio que tomar esta determinación, porque la deuda suma ya 6.000 euros y la situación es insostenible”, sostiene la abogada que representa los intereses del colectivo de propietarios ante los tribunales. Y es que la falta de liquidez por los impagos ha originado que la comunidad no pueda hacer frente a los gastos corrientes como la luz, el agua o el seguro obligatorio del edificio, amén de que tampoco pueden arreglar los desperfectos que el paso del tiempo ha originado en el bloque.
El edificio fue construido por la Junta en los 80. Consta de 28 viviendas, que fueron adjudicadas a través de un contrato de alquiler con opción a compra. La gran mayoría se vendió. Pero hubo cinco que quedaron en manos de la Administración autonómica y que, actualmente, están ocupados por otras familias que firmaron acuerdos privados con los primeros. Son esos los que no pagan las cuotas de la comunidad. “Deben 45 meses”, sostiene la letrada.
Así que acudieron a los tribunales para reclamar esa deuda. La Justicia les ha dado la razón en todos los casos y condena a la Junta de Andalucía como responsable civil subsidiariA, pues es la propietaria de esas viviendas. “Todas las resoluciones judiciales nos han dado la razón. Sin embargo, la Junta no paga y nos obliga a pedir la ejecución de la sentencia, con la consiguiente condena en costas para ellos”, añade la abogada. Generalmente, esos gastos añadidos suelen ser muy superiores a la deuda inicial. No hay que olvidar que hay abogados y procuradores de la propia comunidad
Los vecinos y los administradores de la finca aseguran que han intentado dialogar con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) para tratar de buscar una solución que satisfaga a todas las partes. Afirman que lo han intentado “por activa y por pasiva”, que han puesto “toda la voluntad del mundo” para que la Junta haga frente a sus obligaciones como titular de las viviendas, pero sin éxito. Por ello, no les ha quedado más remedio que solicitar el embargo de uno de los cinco pisos: “Tenemos que decidir cuál, porque en ellos vive gente. Nos duele, pero hay que tomar esta determinación”, concluye la letrada.
Los perjuicios por los impagos son muy importantes y, además, afectan a mucha gente. Los más afectados, desde luego, son los vecinos cumplidores, aquellos que sí están al día en los pagos, que ven que sus viviendas se deterioran día a día sin poder arreglarlos, que su calidad de vida empeora y que, además, sus casas valen menos cada vez. También la comunidad sufre las consecuencias, ya que no tiene capacidad de maniobra para afrontar los gastos comunes. Este bloque ha estado en más de una ocasión sin seguro obligatorio. La Junta, por su parte, tiene que hacer frente a las costas de todo el proceso, que suelen ser muy superiores a lo reclamado inicialmente.
El delegado de Vivienda, Rafael Valdivielso, pone el acento en lo complicado de la situación. “Nosotros solo pagamos cuando nos lo dice la Justicia; de otro modo, sería como dar carta blanca a todo aquel que no quisiera hacer frente a los recibos”, sostiene. Con respecto a este caso concreto, el responsable de la Junta asegura no tener constancia de que se deban tantos recibos: “A nosotros no nos consta”, insiste. De todos modos, aclara que la posición de la Delegación siempre pasa por intentar que los inquilinos morosos paguen sus deudas: “Es verdad que es gente que, en muchas ocasiones, no tiene ni para comer. Pero son ellos los que tienen que pagar. Lógicamente, nosotros ni podemos ni queremos iniciar un proceso de desahucio contra ellos, porque, prácticamente, viven en la indigencia”, aclara.
La situación es más que delicada. Un bucle que se repite mientras el deterioro en las zonas comunes y en las viviendas de algunos propietarios es alarmante. No es exclusiva de “El Valle”, sino que también se da en otros bloques de protección oficial de la provincia, ubicados en Linares y Andújar.
La cuota. La comunidad del Bloque 9 del Sector 8 decidió que los vecinos tendrían que pagar un recibo mensual de 25 euros para hacer frente a los gastos comunes del edificio.
sin seguro. Los impagos han generado que el inmueble haya estado en algunas ocasiones sin el seguro obligatorio: “No sé que hubiera pasado en caso de que se hubiera producido alguna desgracia”, sostiene la letrada. Otras veces, tampoco ha habido dinero para arreglar las averías del ascensor.
más casos. Este tipo de situaciones se están produciendo en casi todos los bloques del polígono de “El Valle” en los que la Junta todavía conserva la propiedad de pisos. El año pasado, una comunidad logró embargarle un coche a la Administración autonómica.
Historia. Las viviendas del Polígono del Valle, de carácter social, fueron construidas entre 1973 y 1984. Se levantaron unas 2.000. Se adjudicaron a vecinos que podrían hacerse con la propiedad tras 25 años. Algunos ejercieron ese derecho. Otros no.