Obras, ¿para cuántos parados?

A la espera de que la Delegación de Fomento y Vivienda licite las obras de mejora de colectores, saneamientos y canalizaciones eléctricas que, entre otros trabajos, contempla la declaración del Polígono del Valle como Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), las asociaciones de vecinos del barrio temen que aquella promesa que se les hizo de que se contrataría “un porcentaje bastante elevado” de parados del barrio quede reducida a la mínima expresión. Este miedo está fundamentado en la reunión que, el pasado mes de julio, mantuvieron con el delegado, Rafael Valdivielso, y otros técnicos del departamento.

En ella se abordó la inclusión de las cláusulas sociales en la licitación de los contratos de obra. Y, según pudo saber este periódico, el porcentaje de empleo para personas en situación de exclusión social que se está manejando se reduciría a un 10% que —según las fuentes consultadas— se les presentó como “inamovible”. Sin embargo, la cifra no es del gusto de los colectivos vecinales de la zona y tampoco lo es que ese porcentaje no esté limitado al barrio, donde la tasa de paro oscila entre el 60% y el 70%, sino que abarque al conjunto de la ciudad, lo que —advierten— acotaría aún más las posibilidades de encontrar un empleo de los habitantes de la zona.

La indignación es mayúscula. “Son tres millones de euros de inversión y solo hablan de un 10% de contratos para parados y ni siquiera del barrio”, se queja el presidente de “Passo”, Mario Liébanas, que señala que la asociación de vecinos envió una contrapropuesta a la Delegación para que se amplíe ese 10%. “Hemos hablado con abogados y el porcentaje podría elevarse al 50%. Es factible”, sostiene el dirigente vecinal. La Ley de Contratos del Sector Público en la que se sustenta el dossier para la contratación pública sostenible en Andalucía establece preferencias para empresas que tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2% y que estén dedicadas específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social, entre otras. El delegado de Fomento y Vivienda señaló la “posibilidad de ampliar ese porcentaje” del 10% y que, precisamente, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación está trabajando en ello. “Quedamos en verlo después de las vacaciones”, indicó, aunque aclaró: “Lo contratos menores no llevan porcentaje, pero sí hay compromiso de las empresas”.