“No sé nada del robo del aceite”
Calogero A. trata de justificar ante la juez la procedencia legal de toda su mercancía
No tengo nada que ver con los robos del aceite. No sé nada de eso”, chapurreó Calogero A. en un deficiente castellano para aprovechar el derecho que tiene todo acusado de pronunciar la última palabra en un juicio. Este empresario italiano, afincado en Jaén desde hace años, es la única persona a la que la Justicia ha conseguido sentar en el banquillo por la llamada operación “Cisterna”. Se trata de la oleada de robos de aceite registrada hace ahora una década en distintas provincias españolas. La Fiscalía considera que Calogero A. utilizó dos de sus empresas —con sede en Baeza— para dar cobertura legal a la mercancía sustraída. El Ministerio Público mantuvo su petición de cinco años de cárcel por delitos de receptación y falsedad documental.
¿En qué se basan las acusaciones? La prueba principal es que el empresario italiano almacenaba en los depósitos del Patrimonio Comunal Olivarero partidas de aceite en los días inmediatamente posteriores a los que se cometían los robos. Igualmente, las cantidades eran casi iguales. “Yo llevaba mercancía prácticamente todos los días. Es normal que haya coincidencias”, se defendió Calogero A. ante la juez Erika Ávila, del Penal 3.
El fiscal sostiene que, además, el acusado confeccionó diecisiete documentos para acreditar el transporte de aceite desde Italia a España, unos portes que, según la acusación, no fueron reales. Una experta grafóloga explicó en el juicio que algunos trazos escritos en esos documentos coincidían con la escritura de Calogero A. No obstante, no pudo certificar al cien por cien que el acusado era el autor de esos papeles. El empresario transalpino achacó esa irregularidad a “un problema” de la empresa con la que normalmente trabajaba y que fue subsanado.
Y, por último, también están bajo sospechas dos facturas con las que, presuntamente, se aparentaba la legalidad de esas operaciones de compra de mercancía que nunca existieron. “Fue un error contable, que fue rectificado posteriormente ante la Agencia Tributaria”, matizó Calogero A. “Puedo justificar la procedencia legal de todo mi aceite, de dónde lo compraba y dónde lo vendía”, concluyó. Una afirmación que argumentó con el informe realizado por un economista y que avala su tesis.
Por ello, la defensa solicitó la libre absolución con todos los pronunciamientos favorables. Hizo hincapié en la “endeblez” de los indicios en los que se apoyó la Fiscalía para mantener los cargos: “No sirve para quebrantar la presunción de inocencia de mi cliente”, concluyó el letrado. Casi nueve años después, el juicio por la operación “Cisterna” está listo para sentencia.
Los robos de aceite en cooperativas y almazaras de toda España se habían convertido en un problema de orden público. Se perpetraron veinte asaltos en los que se sustrajeron millones de kilos. La Guardia Civil estaba desconcertada y no daba con los autores. Sin embargo, el trabajo de los agentes, unido a una pizca de suerte, dio resultados. Una patrulla dio el alto en Lérida a un camión. En los papeles ponía que transportaba orujo cuando, en realidad, llevaba aceite de oliva virgen extra. Ese vehículo trabajaba para Calogero A. “A partir de ahí empezamos a investigar si tenía relación con los robos de aceite”, declaró ayer, en el juicio, el guardia civil de la Comandancia que instruyó las diligencias. Tirando de ese hilo, comprobaron que el empresario italiano llevaba mercancía a los depósitos del Patrimonio Comunal en los días posteriores a los robos. Y otro indicio fue que se encontró ropa italiana en las fábricas donde actuaban los ladrones. Después, cuando se practicaron los registros en las empresas de Calogero, se encontraron los documentos sospechosos.
DILACIONES. La defensa de Calogero A. solicitó al tribunal que, en el caso de que haya condena, se aplique a su cliente la atenuante de dilaciones indebidas: “No es de recibo que se haya tardado diez años en celebrar el juicio”, alegó.
Condena. El pasado mes de noviembre, Calogero A. fue condenado a cuatro años de cárcel por fraude fiscal en el marco de la operación “Lucerna”. La sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo, por lo que aún no es firme.