“¡No quiero verme en la calle y que me quiten a mi hija!”

Gema Díaz Abolafia (Jaén, 33 años) tiene tal grado de “desesperación” que dice, con la voz alterada por el llanto: “Me voy a morir”. Si nada lo remedia —incluidos los servicios sociales del Ayuntamiento—, el próximo día 31 perderá el techo que hoy la cobija a ella y a su hija de 4 años. Y no sería la primera vez que la desahucian. Contaría la tercera sin que la Administración haya respondido, hasta ahora —asegura—, a la llamada de auxilio por un alquiler social que lleva cursándole desde hace ya casi una década. Y señala, llevada por los nervios y la ansiedad por la que estuvo ingresada un par de días, recientemente: “Se acaba el tiempo y el temor que tengo es a que me quiten a mi hija”.

La vida de Gema Díaz Abolafia no ha sido sencilla. Enamorada, a los 17 años dejó el hogar parental y, a los 18, alumbró a su primer hijo, hoy, con 14. El segundo vástago, también niño, llegó a los dos años. La relación no funcionó y la pareja acabó separada y rehaciendo su vida. Pero, sin piso, porque “él lo había comprado” y acabaron vendiéndolo, y sin trabajo, la joven perdió a sus hijos, aunque mantiene su guarda y custodia: “Se hizo cargo mi suegra”. Y ella regresó, temporalmente, a casa de sus padres. Cuenta que estuvo 8 meses hasta que volvió a independizarse. Habían pasado 8 años —indica— desde la ruptura con el padre de sus dos hijos mayores cuando inició una relación sentimental de la que nació una hija y que acabó a los 3 años con una denuncia mediando de malos tratos hacia ella y hacia la menor.

Con una minusvalía psíquica del 51% “por depresión”, “hace mucho tiempo, por lo menos, tres o cuatro años” que no ha tenido un empleo estable, a pesar de que tiene experiencia como camarera, auxiliar de ayuda a domicilio, cuidadora de niños, limpiadora y planchista, y de que sostiene: “Estoy harta de entregar currículos y me llaman, sí, de Valeo, pero no tengo coche, ni dinero para sacarme el carné de conducir, allí se trabaja por turnos y tengo que cuidar a la niña”. Desde 2008, Gema Díaz Abolafia va de una Administración a otra —Ayuntamiento y Junta de Andalucía—, llamando a “todicas las puertas, incluso al Defensor del Pueblo Andaluz”, y pidiendo un alquiler social en una vivienda pública. “No quiero que me regalen un piso, pero sí un alquiler social”, exclama. Un techo “estable” y digno que le permita reunificar a su familia, recuperando a sus dos hijos mayores. “¡Son 9 años los que vengo luchando para poder estar con ellos! ¡9 años sin dormir con ellos, sin poder darles un beso de buenas noches”, dice llorando, sin consuelo. Perdida la paga de alrededor de 350 euros mensuales que el Estado le concedió debido a la minusvalía psíquica que padece, en la actualidad y hasta febrero de 2018, Gema Díaz Abolafia cobra 426 euros mensuales como víctima de violencia de género. Una ayuda que, sin embargo, es escasa para cubrir un alquiler de 365 euros, el pago de la luz y el agua y poder dar de comer a su hija y —apunta—: “Comprarle lo que necesita para que no me llamen la atención del colegio por que le falte material escolar”.

Como consecuencia, de los 9 meses que lleva en el piso, adeuda 7 a los arrendatarios y ya tiene orden de desahucio: el 31 de mayo. Y llora: “No quiero verme en la calle, sin mi hija y sin poder tener algún día a los dos mayores”.