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lunes, 20 mayo 2019
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URGENTE
  • 30 DE AGOSTO. Imagen tomada por un residente mientras se producían las detenciones de los menores.
    30 DE AGOSTO. Imagen tomada por un residente mientras se producían las detenciones de los menores.

Francisco Ontiveros Rodríguez, director general de Justicia Juvenil, Cooperación y Mediación, un área dependiente de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, considera que el Centro de Protección de Menores Carmen de Michelena, no merece que la Junta tome medidas sobre su ubicación, cuestionada por los residentes en la zona e, incluso, por el Gobierno local. “No observamos que haya una problemática específica”, aseguró al ser preguntado por esta preocupación. No obstante, juzgó: “Entiendo que si eres un vecino, no quieres tener cerca un centro de menores infractores”. Pero, eso sí, dejó claro: “Lo que nunca podemos perder es la referencia de que el menor no es como el mayor de edad”. “La pretensión es lograr su reinserción y, en este sentido, trabajar con un entorno, que es donde regresarán cuando terminen de cumplir su medida. Cuantas más herramientas se le den, será mejor”, insistió Francisco Ontiveros Rodríguez. El director general es titular del juzgado de lo penal número 8 de Málaga, donde, precisamente, se especializó en menores y violencia machista. El magistrado está en excedencia, después de que Ciudadanos lo fichara para incorporarlo a su cuota del Gobierno andaluz, del que forma parte junto al PP. Ayer visitó la capital y estuvo acompañado de la delegada de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Raquel Morales.

El Centro de Protección de Menores Carmen de Michelena está en la Plaza de los Naranjos, al lado de la calle Maestra y la Plaza de Santa María. Se trata, como recordó el responsable de Justicia Juvenil, Cooperación y Mediación de un hogar abierto, al que llegan adolescentes, a partir de los 12 años y que pueden permanecer allí hasta la mayoría de edad. Hay tres tipos de internos, aquellos que tienen que buscar otro hogar, al no tener que estar alejados de sus padres, los menores no acompañados, conocidos como “menas”, que son inmigrantes, y los que llegan por orden de la Fiscalía, por ejemplo, después de haber sido denunciados por agresiones a sus padres. La conveniencia de que este centro esté en pleno casco histórico es discutida desde hace tiempo. La Asociación Unidos por La Merced, la del barrio donde el Gobierno andaluz puso en marcha este recurso hace casi 20 años, pide expresamente su traslado. La demanda, de hecho, ya es de casi toda la Corporación Municipal. El pasado 29 de octubre, se aprobó una moción al respecto a propuesta de la edil no adscrita, más que probable candidata a la Alcaldía de Vox, Salud Anguita, motivada, dijo, por los problemas de convivencia que los menores generan. El PP, en el Gobierno local, respaldó la propuesta por “coherencia” ya que había alertado de la falta de personal en el centro y de la necesidad de incrementar la presencia policial. JeC también respaldó este último planteamiento. Solo el PSOE rechazó la iniciativa contundentemente y recordó que es una obligación legal atender a estos chicos. Más allá del debate, lo cierto es que los incidentes vinculados al Carmen de Michelena existen, como cuando en agosto fueron detenidos tres sospechosos de robo, tutelados por la Junta en este centro. También se dio un motín, en el que tuvo que intervenir la Policía.

87 menores pasaron por Las Lagunillas en 2018
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El director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Francisco Ontiveros, visitó, junto con la delegada territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Jaén, Raquel Morales, el Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) Las Lagunillas, donde aplaudió la labor de “referencia” que se realiza con los adolescentes que cumplen medidas de internamiento impuestas por los juzgados. Por allí pasaron, el año pasado, 87 adolescentes. El director general conoció la labor de la Fundación Diagrama, encargada de su gestión, con una “experiencia contrastada”, en su opinión. Ontiveros anunció que el objetivo en esta legislatura es “lograr que todos los menores cumplan las medidas en las provincias en las que residen, para poder trabajar con las familias”. “Tener esa cercanía es fundamental”, aseguró y precisó que gran parte de los menores están en sus provincias y que en el caso de Jaén no existe ese problema porque la población infractora “ha descendido” y el número de plazas está ajustado. En cambio, en algunas provincias como Málaga, el número de plazas disponibles es menor a la población infractora.