Niegan que abusaran de sus hijos y alegan “manipulación”

La Policía tardó menos de diez segundos en llevar a Ramón P. C. desde el calabozo del Palacio de Justicia hasta la sala de vistas. En ese pequeño trayecto, este vecino de la capital, acusado de agredir sexualmente a sus dos hijos pequeños, se paró delante de los periodistas para increparlos: “Grábame, si yo no he hecho nada”, dijo con aparente tranquilidad. Inmediatamente después, entró su esposa, Manuela L. G., acusada de saber lo que le estaba pasando a los niños y no hacer nada por evitarlo. Ella se tapó la cara con una chaqueta, mientras mascullaba que era inocente. Una vez que el matrimonio estaba frente a los magistrados de la Sección Segunda, se dio orden de celebrar el juicio a puerta cerrada para preservar la intimidad de los menores.

Lo que ocurrió en la sala es que tanto Ramón como Manuela defendieron su inocencia con uñas y dientes, tal y como hicieron en el pasillo. Negaron todas y cada una de las acusaciones que planteó la fiscal Montserrat de la Calle Paunero. El padre rechazó haber sometido “a diferentes prácticas sexuales” a sus dos hijos, que en la actualidad tienen 7 y 10 años. Y la madre refrendó esa versión y dijo que en su casa nunca pasó nada raro.

La principal prueba de cargo con la que cuenta el Ministerio Público es la declaración de los dos menores. Se trata de un testimonio que fue grabado durante la instrucción de la causa y en el que ambos relatan los abusos a los que, presuntamente, los sometía su progenitor. Ayer, eso fue lo que escucharon los magistrados como prueba preconstituida. Los padres alegaron que ese testimonio está manipulado, tal y como explicaron fuentes de su defensa. Es decir, argumentaron que los niños estaban “dirigidos” porque no querían volver a la casa —la Junta los había declarado en desamparo el 2 de marzo de 2011 y había decretado su ingreso en un centro de menores—.

La defensa de Ramón C. P. y Manuela L. G. también puso el acento en que no hay ni una prueba física que demuestre que los niños sufrieron las agresiones sexuales que relataron, como secuelas en sus aparatos genitales. También se refirieron a que todos los testigos que existen en el procedimiento lo son de referencia y que hay diferentes informes periciales que calificaron, incluso, de “contradictorios”.

La Fiscalía piensa todo lo contrario y decidió mantener los cargos contra Ramón C. P. y Manuela L. G. Acusa a ambos de dos delitos de agresión sexual con la agravante de parentesco y mantuvo su petición inicial de condena: 24 años de cárcel para cada uno y el pago de una indemnización de 20.000 euros. También reclamó otras dos décadas de alejamiento a contar desde que salgan de prisión y la pérdida definitiva de la patria potestad. El fiscal se basa, fundamentalmente, en la declaración de los niños y las versiones de los psicólogos que los trataron, quienes coinciden en dar credibilidad a esos testimonios, según confirmaron las fuentes consultadas.

Tras cuatro horas y media de sesión, el juicio quedó visto para sentencia. Serán los magistrados de la Sección Segunda los que tengan que adoptar una decisión en forma de sentencia.