Más contratos sospechosos vinculados al expresidente

La Guardia Civil de Jaén mantiene abierta una investigación por las supuestas irregularidades y financieras detectadas en la Fundación Vera Cruz. En el punto de mira de los agentes de la Policía Judicial de la Comandancia está el que fuera el presidente de esta entidad canónica desde su fundación hasta su cese por el Obispado de Jaén el pasado mes de junio. Diecinueve años de gestión que ahora están bajo la lupa del Instituto Armado en el marco de la bautizada operación “Tripalio”, dirigida por el magistrado Miguel Sánchez-Gasca. El juez admitió a trámite la denuncia presentada por la actual dirección de la Fundación Vera Cruz y ve indicios de la comisión de cuatro delitos: apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental y contra la Seguridad Social. Al respecto, su señoría citó como investigados al propio José Manuel R. P., a su esposa y a una de sus hijas. Los tres tendrán que dar explicaciones el próximo 7 de noviembre.

Puede que no sean los únicos señalados por la Justicia, ya que las investigaciones de la Guardia Civil han puesto al descubierto nuevas contrataciones sospechosas de familiares del expresidente del organismo. En concreto, un informe de la Policía Judicial pone de manifiesto que otra hija y una nuera de José Manuel R. P. fueron dadas de alta por el colegio y, presuntamente, no llegaron a trabajar nunca en el centro educativo: “Fueron contratos instrumentales para que esas personas pudieran acceder a prestaciones”, indican las fuentes consultadas. De momento, el juez no ha llamado todavía a declarar a ninguna de las dos.

El terremoto de la Fundación Vera Cruz se desató el pasado mes de julio. Fue, entonces, cuando el Obispado de Jaén destituyó a la dirección de esta institución canónica, creada en 1999 para la puesta en marcha del colegio concertado Miguel Castillejo de la capital jiennense. La decisión del cese se produjo al detectarse supuestas irregularidades contables y financieras en la gestión. Inmediatamente, se nombró a los tres nuevos responsables del órgano. Una de sus primeras decisiones fue presentar una denuncia ante la Guardia Civil por estos hechos. El Instituto Armado abrió la llamada operación “Tripalio”. En el informe entregado al juez, los agentes ponen de manifiesto la existencia de numerosas contrataciones consideradas sospechosas. Inicialmente, las que más llamó la atención fue la de la esposa de José Manuel R. P. Al respecto, la mujer tenía sobre el papel un puesto laboral en la administración del centro educativo. No obstante, presuntamente, en la práctica, no trabajaba. Los agentes han interrogado a otros empleados y aseguran que nunca la han visto por el colegio. En teoría, perteneció a la plantilla durante 18 años, en los que percibió 397.000 euros, según se desprende de los cálculos de los investigadores. La denuncia inicial también señalaba que una de las hijas del matrimonio también había sido dada de alta de forma fraudulenta. Las posteriores investigaciones de la Guardia Civil ponen de manifiesto que podría haber otras contrataciones sospechosas, como otra de las hijas de la pareja y su nuera. El juez tiene previsto interrogar a los tres imputados sobre estas cuestiones. También planteará cómo era el funcionamiento y la gestión de la Fundación y por qué no reunió a los demás miembros del Patronato durante los últimos once años.

El magistrado preguntará, igualmente, por los motivos por los que la Fundación Vera Cruz no ha hecho frente al crédito de unos 5 millones de euros aportado por CajaSur a mediados de los noventa para la construcción del centro educativo. Prácticamente, no se ha pagado ni un céntimo. En la denuncia también se pone de manifiesto que había determinadas actividades extraescolares que no figuraban en la contabilidad oficial: uniformes, deportes, el comedor, las clases de apoyo y refuerzo, la formación externa, los viajes, la compra de libros de texto... Una importante cantidad de dinero sobre la que no existía control financiero alguno. El juez ha nombrado a un auditor externo para que trate de poner orden. Cuando tenga su informe concluido, dentro de unos meses, volverá a interrogar al expresidente de la Fundación Vera Cruz.