Los Puentes: tres meses para convocar la mesa o al juzgado
La Unidad de Gestión da los primeros pasos para dotarse de personalidad jurídica
Si, en el plazo “improrrogable de tres meses”, las administraciones —Subdelegación del Gobierno, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Junta de Andalucía y Ayuntamiento— no convocan la mesa de seguimiento de Los Puentes, la Unidad de Gestión Vecinal, “ineludiblemente”, interpondrá un Contencioso-Administrativo contra ellas por el “incumplimiento” del protocolo suscrito en 2006 para mitigar el riesgo de inundaciones. Este fue el acuerdo “unánime” al que llegaron los representantes de los seis colectivos vecinales que integran la unidad y así se lo trasladarán a las administraciones competentes en sendas cartas. “Vamos a exigir el cumplimiento del protocolo y, si no lo hacen, nos iremos al juzgado, sin más excusas”, zanja el presidente de la Unidad de Gestión, Alberto Castro.
Ya no están dispuestos a dejar que pase el tiempo gratuitamente, como hasta ahora, ni son simples amenazas. La mejor prueba de que van en serio es que ya han dado “los primeros pasos” para dotarse de entidad jurídica. “La Unidad de Gestión Vecinal no era más que un mandato en el protocolo, en el que se decía que los vecinos ayudaríamos a la Administración en la medida de lo posible”, explica el presidente del colectivo, Alberto Castro. El problema es que la unidad como tal carece de personalidad jurídica. “Para poder iniciar un contencioso tendríamos que hacerlo individualmente, pero, si dotamos a la unidad este carácter, sí lo podemos hacer colectivamente”, indica Castro, que anuncia el nacimiento de la futura Asociación Unidad de Gestión Vecinal Puentes de Jaén.
La decisión está tomada. “Hay un cabreo bastante grande entre los vecinos”, describe Castro. No obstante, espera que las administraciones muevan ficha y, antes de tres meses, se produzca la convocatoria de la mesa de seguimiento y empiecen a ejecutarse los acuerdos que se alcanzaron hace más de una década. La Unidad de Gestión Vecinal llama la atención sobre la necesidad de que la limpieza de los cauces se realice periódicamente, no como ahora, que los ven “abandonados”, y, sobre todo, insiste en que se acometa un encauzamiento de los ríos, si no es posible la presa de laminación, que, además de sumamente costosa, reconocen que sería fuente de conflicto.
Finalizó septiembre, también se despidió octubre, y el anuncio de la subdelegada del Gobierno, Francisca Molina, de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) presentaría, oficialmente, “a principios de otoño”, el mapa de riesgo de inundaciones no se ha cumplido. Entonces, la subdelegada aseguró que, en este tiempo, los técnicos han trabajado para “afinar” el número de edificaciones que se verían abocadas a la demolición por estar en el cauce de los ríos. Inicialmente, los inmuebles afectados se contabilizaron en un centenar. La incógnita es cuánto se ha “afinado”. “Sabemos que se ha hecho un nuevo mapa de riesgos, porque así nos lo contestó el Congreso a una pregunta de un diputado del PSOE, y parece ser que la avenida de los últimos 100 años se va a ver reducida, pero eso a nosotros no nos dice nada”, sentencia Alberto Castro, que exige la puesta en marcha del protocolo, con un encauzamiento “correcto” de los ríos.
A pesar de que, espoleado por la normativa autonómica, el Ayuntamiento abrió, en el anterior mandato, un proceso de regularización de inmuebles ilegales en Los Puentes, el proceso está estancado. Encallado. Y, en buena medida, se debe a la situación de las viviendas y a los requisitos que deben cumplir para optar a una regularización. Entre otros, han de tener sistemas de depuración de las aguas residuales, como queda recogido en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en Andalucía. Los vecinos plantearon en su día la posibilidad de pedir permisos individuales, pero la CHG no accedió. A esto se suma que muchas parcelas no tienen luz porque se edificaron a las bravas, sin licencia de obras. Ante este cúmulo de ilegalidades, la Unidad de Gestión Vecinal agradece, no obstante, la actitud del Ayuntamiento, que hace caso omiso a las órdenes de derribo que están dictando los jueces.