Los cortes de agua del Puente de la Sierra llegarán al juzgado

Los vecinos del Puente de la Sierra, que sufren cortes de agua desde el mes de junio de 2018, se movilizan y están dispuestos a recurrir a la Justicia. Reaccionan así después de que el empresario que prestaba este servicio, en virtud de un acuerdo municipal que ya expiró, haya dado un nuevo ultimátum, decidido a no asumir por más tiempo esta responsabilidad que, como sostiene, les genera gastos que no puede asumir, para colmo, lamenta, sin cobertura lega alguna. Ante esta situación, un grupo de residentes crea una comisión, de la que forma parte la Asociación de Vecinos del Puente de la Sierra, Puensi, y que, precisamente, está encabezada por el vicepresidente de este colectivo, Antonio Carrillo. Tras una asamblea, con gran afluencia de público, se tomó la decisión de emprender acciones legales contra el, hasta ahora, responsable del abastecimiento. “Ningún vecino debe de ser privado del derecho de tener agua, como parte de necesidades primarias en su hogar. En este barrio hay muchas familias que viven todo el año, jóvenes con niños pequeños, que tienen su vivienda habitual”, dejan claro la comisión en un comunicado en el que se insiste: “Queremos hacer saber que la mayoría permanecen aquí, ya que no disponen de otra vivienda, pero otras han tenido que hacer sus maletas y ser acogidos por familiares. Es una verdadera pena”.

“Le decimos (al empresario) que no nos vamos a quedar parados, que entendemos su decisión de reivindicar, como él dice, el dinero que el Ayuntamiento le debe, pero que los vecinos no deben de ser utilizados. Según dice, el importe que recibe del pago por el suministro de agua no es suficiente para afrontar los gastos de luz y mantenimiento de motores. Yo le pregunto: ¿Ha tomado usted en todos estos años medidas para solucionar este problema?”, reflexiona Carrillo que argumenta que si el encargado de llevar el agua a las viviendas tiene que plantear una reclamación económica a la Administración local, “que se lo pida por el camino legal”. Con respecto al Ayuntamiento, también se muestran críticos y la recuerdan que, en su plan para la regularización de las viviendas de esta zona, denominadas “asimiladas fuera de ordenación”, piden que los vecinos aporten una serie de documentos en Urbanismo y que, a cambio de abonar las tasas, tendrán un descuento. “Muchísimos vecinos realizan este pago con la ilusión de convertir su vivienda en una construcción legal, como se nos dice. El dinero lo recogieron, no sabemos que destino tuvo, lo mismo que tampoco sabemos si estos documentos fueron revisados”, razonan. En cuanto al plan propuesto por la Concejalía de Mantenimiento Urbano, que consiste en llevar el agua hasta una vivienda regularizada para que, posteriormente, los ciudadanos se constituyan en una comunidad y la repartan por el resto de inmuebles, lo juzgan “totalmente inviable”. Y, ante el argumento de que las casas sin regularizar no puedan tener agua, dejan claro que ya existe una red construida y, por ello, lamentan: “Es impensable que en el siglo XXI se realicen inversiones con dinero público y que los ciudadanos no puedan tener acceso a un elemento de primera necesidad”.