Los Cañones: ¿un “fiasco electoral”?
La dueña insiste en la expropiación del conjunto, el alcalde repite que peligra el proyecto y el PSOE habla de engaño
Pasan los meses y la expropiación de Los Cañones, necesaria para que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ejecute la restauración medioambiental de este paraje de “belleza incuestionable”, sigue empantanada. “La propietaria tiene las ideas muy claras”, expuso el alcalde, Javier Márquez, a preguntas de los periodistas. “Ya nos lo había dicho antes, pero, después de haber estado hablando, ha vuelto [a la Gerencia de Urbanismo] a reiterar que lo que quiere es que se le expropie [la finca] entera”. Y el Ayuntamiento no va a ceder. “Nosotros no podemos expropiar cualquier cosa, sino lo que nos permite la Ley”, justificó.
El tramo que la entidad local tendría que expropiar, de acuerdo con el proyecto de la CHG, es el acceso. Cuesta “unos 15.000 euros”, recordó el alcalde. La expropiación del conjunto excede “con mucho” esa cantidad y el Ayuntamiento —insistió Márquez— ni está habilitado, ni tiene capacidad económica. Con esta situación, de posturas “maximalistas”, el proyecto “peligra”, admitió de nuevo el alcalde, que remachó: “Esto solo se resuelve con algún acuerdo del que podamos todos responder”.
Mientras llega o no, quien ya pronuncia la palabra “engaño” es el PSOE. En un comunicado, su portavoz municipal, Manuel Fernández Palomino, tachó de “sospechosas” las declaraciones del alcalde sobre las dificultades para expropiar el terreno de Los Cañones. Huelen “a marcha atrás”, y se preguntó: “Si este recule de Márquez no esconde un fiasco electoral porque nunca hubo voluntad de acometer el proyecto que vendieron en 2015”.
“Si todo lo que piden los propietarios se tuviera en cuenta por la Ley a la hora de expropiar no habría ni autovías ni pantanos, ninguna infraestructura pública porque sería imposible de asumir económicamente”, razonó Fernández Palomino, que recordó que la utilidad pública “siempre está por encima de todo”. El socialista también pide cuentas al secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, por beneficiarse electoralmente de este proyecto.