Libres con cargos los detenidos en la investigación a farmacias
Tres sospechosos declaran en el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital
Las tres personas que habían sido detenidas, hasta el cierre de esta edición, en el marco de la operación de la Guardia Civil por el presunto fraude cometido en algunas farmacias de la provincia abandonaron, sobre la una de la tarde, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Jaén, en la calle Carmelo Torres de la capital. El día de antes, fueron trasladados por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) hasta la Comandancia del Cuerpo, situada a escasos metros, en la Avenida Ejército Español. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía explicaron que las detenciones fueron ordenadas por su señoría el jueves, en el marco de una investigación que comenzó este verano, muy compleja, por el gran número de documentación que hay que analizar. De ahí que no comparecieran ante el instructor en el mismo día de su arresto y que permanecieran en situación de detenidos hasta unas 24 horas después, como precisan las mismas fuentes. Una vez escuchadas sus explicaciones, el juez decretó la libertad provisional, con cargos, de los tres imputados en este caso.
Las pesquisas comenzaron al revisarse las reclamaciones del importe de las recetas de boticas jiennenses al Servicio Andaluz de Salud, una práctica habitual, con la que los farmacéuticos ingresan la diferencia entre lo que pagan los pacientes, a los que se les subvencionan los medicamentos, y lo que realmente tienen que abonar a las compañías por estos productos. Para hacer frente a esta deuda, la Administración andaluza distribuye, mensualmente, unos 17 millones de euros a las más de trescientas boticas que hay en los 97 pueblos y ciudades de Jaén. Los establecimientos investigados, según la información que ha trascendido hasta el momento, se encuentran en una concurrida vía de la capital y en el municipio de Huelma. El presidente del Colegio de Farmacéuticos en la provincia, Juan Pedro Rísquez, explica que, dentro del protocolo de control “constante”, con el que la Consejería de Salud y la propia entidad controlan los movimientos de las recetas, se detectaron anomalías. Entre las medidas que se aplican para evitar fraudes está la facturación electrónica, a la que se une una comprobación adicional, los famosos cupones que se recortan, por ejemplo, de una caja de pastillas y que conservan los farmacéuticos. El máximo responsable de este colegio profesional deja claro que los boticarios jiennenses son los primeros interesados en conocer, con exactitud, lo ocurrido y sostiene que, llegado el caso, si se confirma el delito, habrá consecuencias para los colegiados.
Todo el trabajo de la Guardia Civil, aunque haya comenzado hace unos seis meses, está todavía en una fase inicial, por lo que todas las partes son cautas a la hora de informar sobre los avances del caso, al tratarse de un asunto tan sensible como el sistema de cobertura sanitaria, que garantiza el acceso a los medicamentos a la población, en algunos casos, al abonar el 100% del coste.
Fuentes de la investigación explican que, al menos, se puso el foco en una decena de farmacias de la provincia jiennense tras una primera inspección de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía y que, de ahí, llegó la detención de tres personas. Los resultados preliminares del Servicio Andaluz de Salud se pusieron en conocimiento de la Fiscalía y, una vez que se analizó la documentación por el Ministerio Público, el caso llegó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la capital, que dio traslado a la Guardia Civil. La investigación comenzó en verano y, a lo largo de este tiempo, se detectaron situaciones como reclamar a la Administración autonómica el pago por la expedición de los medicamentos que se simulaba entregar a pacientes que, en realidad, ya habían fallecido. Estos eran beneficiarios de las recetas electrónicas que tienen algunos pacientes crónicos, a los que se carga lo prescrito por el médico en las tarjetas sanitarias. También se detectó la falta de la documentación necesaria para reclamar el pago de las recetas al SAS, por lo que la investigación, principalmente, se centra en descubrir recetas por medicamentos no despachados u otras irregularidades como facilitar y cobrar por medicamentos de marca en lugar de por el principio activo y tratar luego de cobrar por el producto de marca, en lugar del genérico, contraviniendo así directamente la orden de la Junta de Andalucía. También hay a disposición de los agentes recetas en papel, de algunos profesionales médicos, lo que apunta a posible colaboración de facultativos y boticarios. En un principio, la investigación está centrada en la provincia de Jaén, pero no se descarta que salte a otras provincias andaluzas si acaba confirmando un “método generalizado” de reclamación fraudulento por un grupo de farmacias para reclamar los importes al SAS.