Libertad vigilada por la agresión a un profesor
En alumno del “García Lorca” deberá indemnizar al docente con más de 1.500 euros por las lesiones físicas
El profesor del IES García Lorca que fue agredido por un alumno será indemnizado con 1.580,48 euros por las lesiones físicas. Asimismo, el estudiante deberá estar un año en libertad vigilada con tratamiento ambulatorio psicológico. Se trata del fallo que emite la titular del Juzgado de Menores en la sentencia y auto de firmeza e inicio de ejecución, en la que se condena al joven como autor de un delito de amenazas, delito de atentado, en concurso ideal con un delito leve de lesiones.
En concreto, la sentencia considera hechos probados que sobre las 11:20 horas del pasado 3 de febrero, el menor condenado, durante el periodo de recreo, se dirigió a uno de los profesores de guardia y le amenazó profiriendo entre otras expresiones: “Te voy a cortar la cabeza..., ten cuidado sé dónde vives, conozco tu coche y ten cuidado con la familia...”. Según relata la juez y tal y como declaró el docente agredido en su denuncia: “Posteriormente, en la Jefatura de Estudios, el menor propinó un puñetazo en la cara al citado profesor y le golpeó con una grapadora en la cabeza, causándole eritema facial por contusión y ansiedad”.
El profesor, que pudo ejercer la acusación particular, contó con la asistencia legal prestada por los servicios jurídicos de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), que aprovecha para denunciar, en un comunicado, la “completa desprotección” en la que se encuentra el profesorado de Secundaria. “Máxime si tenemos en cuenta la desidia con la que la Consejería de Educación viene tratando estas salvajadas, a las que considera usualmente como ‘hechos puntuales’ carentes de la debida atención por su parte”, expresa la asociación.
En este sentido, APIA destaca “la falta absoluta” de desarrollo reglamentario en Andalucía de la modificación legal aprobada por la Ley Orgánica 812013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, que entró en vigor en diciembre de 2013, y que otorgaba al profesorado la condición de autoridad pública. “Pasados casi tres años no se ha llevado a efecto la menor modificación de la legislación docente para promover una aplicación efectiva del precepto citado, a pesar de la exigencia impuesta en este sentido por el artículo 9.3 de la Constitución Española, y que ha generado, con ello, una patente inseguridad jurídica de la que la Consejería es única responsable”, asevera la Asociación de Profesores de Instituto.