La “tranquilidad” de Irene Sabalete

Irene Sabalete, la que fuera exdelegada provincial de Empleo, lo ha pasado muy mal desde que, en marzo de 2015, la Guardia Civil fue a su casa de Torredelcampo y se la llevó detenida por orden de la juez Alaya. Fue en el marco de la operación “Barrado”, que investiga irregularidades en la concesión de subvenciones públicas a los cursos de formación. Tres meses después, tuvo que acudir a la Comisaría, donde se le leyeron sus derechos por la operación “Edu”, que está centrada en los mismos hechos.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén acaba de archivar esta segunda causa contra Sabalete y otros catorce funcionarios de la Delegación de Empleo, al no haber encontrado “irregularidad alguna en el control que la administración realiza de la ejecución de los cursos para los que se otorgan las subvenciones”. “Irene está tranquila y muy satisfecha después de conocer el auto de archivo”, explica su abogado, Manuel Luis González. “Esta decisión es el principio del fin de esta gran mentira que se ha formado alrededor de los cursos de formación con el único objeto de desprestigiar a una administración y a una serie de personas que, únicamente, hacían su trabajo”, sostiene el letrado que, además, es familiar directo de Irene Sabelete.

El abogado defensor explica que ha quedado totalmente demostrado que la Delegación de Empleo y el SAE siempre han funcionado “con absoluta transparencia y legalidad”. “No ha existido ningún tipo de quebranto de la Ley ni de dejación de funciones, sino todo lo contrario, ya que el control de los cursos de formación era mucho mayor del que la propia ley estatal plantea”. Manuel Luis González confía en que, en breve, también se archive la causa que el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla tiene aún abierta por la operación “Barrado”. “Son los mismos hechos y, la decisión, por lo tanto, debe ser la misma. No cabe otra medida que el sobreseimiento y archivo”, concluye.

Y es que el auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén tiene una enorme trascendencia. Hay que tener en cuenta que se siguen causas similares en las demás provincias andaluzas y que, por lo tanto, marca el camino.

Además, el caso se ha utilizado como arma arrojadiza contra el PSOE y la Junta por los partidos de la oposición. Por ello, la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, fue muy contundente para pedir al PP y a Podemos que pidan perdón por las acusaciones realizadas sobre asuntos judicializados que ahora han sido cerrados por los jueces: “Si no presentan sus disculpas, estarían demostrando que no quieren combatir la corrupción, sino hacerle daño al adversario”, sostuvo la máxima responsable de la Junta. “Las cosas se acaban poniendo en su sitio. Primero, fueron los interventores y, ahora, son los jueces los que dicen que no había caso de corrupción ahí donde el PP o Podemos quisieron montar una gran farsa y una gran mentira”, concluyó.

También el PSOE provincial exigió a los dos partidos de la oposición que pidan disculpas “urgentemente” por el “linchamiento” al que sometieron a la exdelegada provincial y los jefes de servicio y funcionarios de la Delegación. “Fueron machacados y el resarcimiento va a ser tremendamente difícil”, asegura el secretario de Organización de los socialistas jiennenses, Jacinto Viedma. El dirigente del PSOE añade que el auto de archivo es “demoledor”: “La resolución de la juez deja meridianamente claro que no se ha encontrado irregularidad alguna en el control que la administración realiza de los cursos”.