La previsión por IBI crece 7,6 millones en una década

“Catastrazo”. Desde 2013, la oposición ha repetido tantas veces esta palabra como el equipo de Gobierno local la ha negado, rechazando subidas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) más allá de lo que estrictamente marcaba el Ministerio de Hacienda: hace dos años, con una actualización forzosa de los valores catastrales cuyos efectos se intentaron contener, desde lo municipal, con una rebaja del tipo de gravamen; bien como consecuencia de los planes de ajuste o por la lucha contra el fraude que todavía sigue en marcha. Sin embargo, como las meigas, en el caso de la subida de la contribución, haberla, la ha habido y continuará.

Por la presente, ese aumento está en facturas como la que, la semana pasada, mostró la viceportavoz del PSOE Mercedes Gámez y que, estos días, llegan a los domicilios de algunos ciudadanos, fruto, fundamentalmente, del proceso para aflorar aquel patrimonio que estaba oculto (en la capital, se habían contabilizado más de 5.000 incidencias). Pero, además, se aprecia con total nitidez en la evolución que exhiben los datos de la Dirección General del Catastro.

Desde 2007, la cuota líquida que debería haber entrado en las maltrechas arcas municipales en concepto de IBI —aunque, luego, la recaudación sea otra cosa— ha aumentado en 7.592.942 euros, pasando de los 18 millones de hace casi una década a los 25.602.661 que están en los balances de 2015 que recoge la web de este órgano dependiente del Ministerio de Hacienda. No ha sido un fenómeno exclusivo de la capital. En todos los municipios de la provincia, independientemente del color del partido que los gobierna, han evolucionado al alza tanto el número de recibos que se emite, como la cuota líquida. Y, como explican desde Madrid, las causas son varias. En primer lugar, el incremento del número de recibos, sobre todo de los primeros años de esta década, es la consecuencia del “boom” inmobiliario. Solo en la capital, pasó de 96.000 a 100.000. Es innegable el efecto de la revisión de los valores catastrales que se produjo en abril de 2013. En el marco del plan de ajuste, el equipo de Gobierno local actualizó unos valores que no se revisaban desde 1997, a pesar de que la Ley establece que debe realizarse cada 10 años. Fue un incremento del 10% al que, en 2014, se sumó otro 10% pedido explícitamente por el Ayuntamiento. Sin embargo, en ese caso, no hubo dolor porque se rebajó el tipo de gravamen del 0,66% al 0,60%. El tercer factor que apuntan desde Madrid es el plan de regularización catastral, con efectos retroactivos sobre los últimos 4 años. Según las estimaciones municipales, lo atrasos no prescritos generarán unos ingresos puntuales de 4 millones para este año y el próximo, y un aumento anual de 1,3 millones. Aún quedará la subida del 4% que está firmada en la última revisión del plan de ajuste para 2017.