La Junta retira neumáticos del vertedero por orden de un juez

Un Juzgado de Linares ha ordenado a la Junta de Andalucía la retirada de los miles de neumáticos usados almacenados en un “cementerio” de ruedas existente en Jabalquinto, pero situado a apenas un kilómetro y medio de Mengíbar. La medida judicial se ha adoptado tras la denuncia presentada por la Fiscalía Especializada en Delitos Medioambientales, al entender que hay indicios de que la actividad que se desarrolla en esas instalaciones incumple la normativa vigente y constituye un peligro para la seguridad de las personas y para el medio ambiente, sobre todo, en caso de incendio. La Administración autonómica ha realizado una encomienda de gestión a la empresa Tragsa, que ya ha comenzado a llevarse la mercancía a un gestor autorizado de residuos, tal y como confirman fuentes judiciales cercanas al caso. De forma paralela, el Juzgado ha tomado declaración como investigado al gerente de esta instalación como presunto autor de un delito contra el medio ambiente.

El cementerio, ubicado en el paraje de “El Llano”, muy cerca del cauce de Guadalquivir, ya fue denunciado por la propia Junta de Andalucía en el año 2014. La mercantil abonó la correspondiente multa, pero no acometió las medidas correctoras que se le exigieron. De hecho, pidió una moratoria de 18 meses para ejecutarlas. No obstante, pasado el plazo, tampoco lo hizo. La Junta hizo una nueva inspección en mayo de 2016 y volvió a sancionar a la empresa propietaria del almacén. Apenas unos días después, se declaró un incendio en un vertedero de similares características existente en el municipio de Seseña, en Toledo, y que obligó a desalojar a los vecinos de una urbanización por la humareda tóxica.

Ese riesgo también existía en el vertedero de neumáticos de Jabalquinto, sobre todo porque los técnicos de la Junta detectaron una serie de irregularidades. Por ello, en mayo de 2016, exigieron a la sociedad una serie de medidas correctoras urgentes. Entonces, la empresa corrigió las deficiencias y se comprometió a cerrar el cementerio antes del año 2019.

No obstante, la Fiscalía envió a la Guardia Civil para inspeccionar el “cementerio” de neumáticos. El Seprona hizo un informe a finales de 2017, en el que se volvían a ponerse de manifiesto las supuestas irregularidades. A raíz de ahí, el Ministerio Público presentó una denuncia por la vía penal y pidió una serie de medidas cautelares, entre ella la retirada del neumático para prevenir el peligro de una tragedia medioambiental. Como la empresa no lo hizo, ordenó esa labor a la Junta de Andalucía, que lleva varias semanas retirando miles y miles de toneladas de caucho para reciclar.