La Junta pide al Gobierno que diga cómo se cierra la Cámara

La Cámara de Comercio e Industria está “muerta”, pero ahora no se tiene claro cómo enterrarla. Por eso, la Junta de Andalucía ha pedido al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad que precise “el procedimiento liquidatorio aplicable” a la Cámara de Comercio e Industria de Jaén, al que se ve “obligada” por la Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación que, sin embargo, “no regula ni detalla” los pasos que deben darse en estos casos. Mientras, el PP critica que “no aporta soluciones” para garantizar que siga en funcionamiento.

Así se puso de relieve —ayer— en la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio del Parlamento autonómico, donde el titular de este departamento, Javier Carnero, compareció a petición del grupo del Partido Popular para analizar la situación de la corporación jiennense y posibles medidas para su mantenimiento. Precisamente, la parlamentaria Teresa Ruiz Sillero —hace unas semanas— visitó a los trabajadores de la Cámara de Jaén y anunció que registraría la pregunta en la Cámara.

Javier Carnero aludió al “difícil” escenario de la Cámara fruto “de la inviabilidad económica por dos causas fundamentales”: la normativa estatal no permite dar soluciones a la financiación de las cámaras tras la eliminación de la cuota cameral” y “la mala praxis de anteriores gestores que dimitieron en 2014 y que están inmersos en un proceso penal” tras la denuncia de la Junta en la Fiscalía una vez que detectó “irregularidades en la gestión”.

Recordó que la Dirección General de Comercio tiene funciones de tutela sobre las cámaras con respecto a la aprobación y liquidación de cuentas anuales, resolución de recursos, suspensión y liquidación, “quedando fuera las relaciones laborales con el personal”. El consejero destacó que “se han realizado de forma escrupulosa y taxativa uno a uno los trámites la normativa básica estatal y la autonómica” tras la “dimisión unánime” de sus órganos en octubre de 2016. Así, se constituyó una comisión provisional de gobierno, según la cual la información contable de 2013 a 2016 “no es fiable”, ya que no se ha presentado a la administración tutelante a pesar de que “se ha pedido de forma reiterada”.

No obstante, estimó en unos cinco millones de euros su “deuda aproximada”, de manera que está en “quiebra”, con “una absoluta incapacidad para generar recursos” con los que atender sus compromisos y el mantenimiento. Ante esta situación y “siguiendo el itinerario de la normativa”, se disolvieron los órganos de gobierno y se abrió un proceso de elecciones para renovar el pleno que no se celebrarán al no haberse presentado candidaturas.

Por ello, la Consejería afirma que el siguiente trámite es la “extinción de la Cámara de Comercio de Jaén, previa liquidación”, cuestión que “por primera vez” contempla la normativa básica estatal (a la que deben adaptarse las comunidades autónomas) aunque “no regula ni detalla el procedimiento que debe seguirse” y deja “un importante vacío legal” que genera “inseguridad jurídica” y “desigualdad” para las cámaras españolas. Así las cosas, la Consejería ha elevado un oficio al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en el que pregunta “sobre el procedimiento liquidatorio aplicable a la Cámara de Jaén”, punto en el que matizó que “no es un proceso que la Junta desee pero es el camino” marcado por el Ejecutivo a través de su normativa básica.