La Junta legitima el Interés Metropolitano del tranvía

El consejero de Fomento compareció muy serio. Sus primeras palabras lo corroboraron: “Hubiera preferido no estar aquí”. No obstante, Felipe López justificó su presencia para explicar que la Junta ha hecho “todo y más” para que el tranvía funcione en la capital, pese a que dejó claro que no se paran de colocar “palos en los raíles” para que no funcione. Después de que Autobuses Castillo —empresa concesionaria del servicio de transportes de la capital— denunciara ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la declaración de Interés Metropolitano —que permite a la Junta pagar el 75% del déficit de explotación—, el consejero de Fomento defendió la legitimidad de esta resolución del Consejo de Gobierno de Andalucía: “Estamos convencidos de la legalidad. Cuenta con todos los informes jurídicos habidos y por haber y está conforme a la Ley Ferroviaria de Andalucía. La fundamentación es la misma que la del metro de Málaga. Los dos discurren solo por el término urbano de la capital, pero brindan servicio a muchas personas de los municipios de la provincia que acuden a la universidad, al hospital, a los juzgados o a realizar cualquier otra gestión que solo se puede realizar allí”.

En cambio, Felipe López sí que puso encima de la mesa lo que considera una extraña coincidencia, que hace pensar que exista una conspiración o, al menos, una complicidad. “En 2011 escuchamos la frase: Nunca me montaré en el tranvía. Seguidamente, la empresa del autobús puso la denuncia. Ahora, siete años después, cuando la Junta ha hecho el máximo esfuerzo, vemos que hay otro palo en los raíles, que también coincide con la demanda de Castillo. Solo hago el relato de los hechos, pero son demasiadas coincidencias”. Además, matizó: “No sé si lo que pretende es que el Ayuntamiento pague más. Tal vez, ese es el deseo de la empresa con la denuncia”.

Relato de los hechos. Felipe López reconoció que no ha perdido la esperanza de que el tranvía funcione, pero sí aseveró que las expectativas son menores. Interpreta la actitud del Ayuntamiento como de bloqueo. Volvió a diferenciar entre lo que supuso la construcción de la infraestructura (90% de la Junta y 10% del Ayuntamiento) y el acuerdo para asumir las pérdidas que generará (75% Junta y 25% del Ayuntamiento con un patrocinio de la Diputación), por lo que insistió en que no tiene sentido introducir ahora en el segundo acuerdo un gasto que viene del primero —las unidades—. De hecho, los definió como una artimaña para justificar la voluntad de no poner el sistema en marcha o un argumento de última hora que no respeta la negociación y el acuerdo aceptado.

De ahí que la Junta afirma que no podrá sacar a licitación el tranvía, pese a que ha adjudicado ya el concurso a una empresa. “El Ayuntamiento tiene que aprobar el acuerdo, devolver a la Junta el sistema y hacer una estimación de los costes y los ingresos. Si no lo hace, a nosotros nos deja parados”, dijo. Además, se refirió al conflicto sobre los intereses de demora por el pago de los trenes que cobra la Junta al Ayuntamiento. “Nosotros pensamos que se trata de un pago público. El Tribunal de Cuentas dijo que es privado. El Ayuntamiento se agarra a eso para pagar menos. Presentó un recurso administrativo. Hacienda le contestó y sigue pensando que es público. Si no está de acuerdo, tiene otras vías, como la judicial, para reclamarlo. Nosotros acataremos lo que se diga”, concluyó.