La juez archiva la causa de los contratos en Diputación

Carpetazo judicial, por el momento. La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén, Carmen Ballesteros, acuerda el sobreseimiento y archivo de la causa relacionada con contratos publicitarios en la Diputación. La investigación, que llevó a los calabozos de la Comisaría al actual delegado de Empleo, Antonio de la Torre, y a otros dos empresarios más, se centraba en un supuesto delito de prevaricación administrativa o, en su caso, de fraude o exacción ilegal derivada de contrataciones realizadas con varias empresas para la realización de una campaña de cartelería en diversos soportes en los que se promocionaba la imagen de la provincia con el eslogan “Jaén, paraíso interior”, según el auto.

El documento judicial, fechado el pasado 1 de diciembre y al que tuvo acceso este periódico, especifica que el contrato de 56.000 euros se fraccionó de forma “perfectamente regular y acorde con tal precepto”. El auto alude a la ausencia de acuerdo alguno entre funcionarios del organismo provincial y empresarios que genere “perjuicio”. En concreto, la jueza se centra en los referidos contratos suscritos por la Diputación con las empresas Aora Comunicación, Iberian Broadcasting y Comunicaciones Avanzadas, en el marco de una investigación por la que el pasado mes de septiembre fue detenido y posteriormente puesto en libertad con cargos el actual delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, que en el momento de los hechos investigados trabajaba en la Diputación. La titular del Juzgado de Instrucción número 4, que firma el auto, concluye: “No existe el dolo o la actuación culposa por parte de dicho funcionario, que dicho sea de paso no es otro que Antonio de la Torre Olid, cuya responsabilidad en la fecha de los hechos sobre la toma de decisiones oportunas sobre contratación, finalmente, asume en estas actuaciones a pesar de imputarla a un tercero, a no probarse lo contrario”. Y añade textualmente: “Es decir, ningún perjuicio conocido se genera para la Diputación Provincial, ninguna voluntad parece ilícitamente alterada y ninguna finalidad espuria se persigue más allá de realizar una campaña que beneficiara a empresas publicitarias de Jaén”.

El auto explica que, en este caso, la contratación de la campaña ascendía a 40.000 euros, que alcanzó una cifra superior a 56.000 euros, contratación que al adjudicarse como contratos individualizados de cuantía inferior a 18.000 euros permitía su adjudicación directa.

Añade la juez que la representación letrada de Antonio de la Torre expuso “de forma pormenorizada” las razones por las que no se infringió en el presente caso el mandato contenido en el artículo 138 de la Ley de Contratos del Sector Público, de modo que expuso: “La contratación separada en el presente caso de la campaña publicitaria en cuestión resultaba perfectamente regular”.