La defensa de Juan Manuel Reyes ‘Samu’ no descarta “emprender acciones legales” contra la Policía

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El pasado martes, la Policía Nacional tiraba la puerta abajo de la vivienda de Juan Manuel Reyes “Samu”, antiguo máximo accionista del Real Jaén, en el marco de la operación Califa, en la que se le acusaba de un presunto delito de extorsión. En la operación fueron intervenidas cuatro armas largas, 4 terminales telefónicos, una defensa, un bate de béisbol, una defensa extensible, varios machetes y navajas de grandes dimensiones, numerosa documentación relativa a préstamos, más de 200 cartuchos de las armas encontradas y más de 18.000€ en efectivo, según informaba el cuerpo policial. Ahora la defensa del acusado, representada por el abogado Agustín Martínez Becerra, se pronuncia para denunciar una información oficial “como mínimo, parcial y sesgada”, destacando, entre otros asuntos, que Reyes tenía licencia “para cada una de las cuatro armas largas incautadas”.

“Tiene legitimidad para tenerlas”, ha apuntado Martínez, explicando que una intervención de ese calibre viene motivada porque el denunciante y supuestamente extorsionado, explicó a la Policía que Reyes poseía un AK-47, es decir, un fusil de guerra. Es por este motivo por el que la operación se enmarca dentro de un posible delito de extorsión y otro de “depósito de armas de guerra”. En este contexto, Martínez admite que la actuación policial estaba justificada, aunque debido a la “confusión” a la que les llevó la acusación, con una AK-47 que “ni se encontró ni existe”; lo que opina que es “un simple elemento para aderezar la denuncia”. Respecto a las armas blancas encontradas, señala que “estaban en perfecto estado”, por lo que indica que bien pudieran ser “objetos de colección”. La defensa extensible, en su opinión, no deja de ser una sanción administrativa.

Por otra parte, el abogado de Reyes ha puesto de manifiesto que el acusado “no tiene antecedentes penales”, pues las causas que hubieran sido abiertas contra él “ya han sido canceladas” por el tiempo transcurrido. Por ello, se ha mostrado “sorprendido” por la transmisión de una información “falsa”, y “no descarta emprender acciones legales” contra la Policía por ofrecer una información “sesgada” de su cliente.

Con respecto a la presunta extorsión, Martínez mostró el contrato del préstamo realizado, de 42.000 euros, a la víctima, que contiene un plazo de finalización fechado en el 31 de diciembre de 2025. Por tanto, el denunciante todavía tendría más de un año y medio para pagarlo. En este sentido, el abogado ha argumentado que todas las operaciones de su cliente “están registradas y presentadas en los correspondientes organismos”. Así, los documentos que acreditan los préstamos “están diligenciados por la Junta de Andalucía”, por lo que puede justificar todas las operaciones. Ante el motivo de la acusación para denunciar, opina, podría ser “el no cumplir con las obligaciones”, por lo que estaríamos “ante un posible uso de la administración de Justicia para el beneficio propio”.

En este sentido cabe destacar que la relación entre denunciante y denunciado era, “hasta hace unos días”, de “amistad y cordialidad”, por lo que “no se explica” el repentino cambio. Para demostrarlo, Martínez asegura tener pruebas fehacientes de la buena relación que mantenían, ya sea por “conversaciones de todo tipo” y documentación civil en las que supuestamente se demuestra la buena sintonía. De hecho, confiesa que Reyes se siente “consternado” por que una persona cercana a él lo acuse “en términos tan graves”.

“La presunción de inocencia parece que no está de moda, pero será el denunciante quien tiene que acreditar todas las acusaciones”, reclama Martínez, mostrando que el único documento aportado en este sentido es un parte de lesiones leves, fechado el pasado 25 de marzo, en el que el denunciante recibió un puñetazo en la mejilla, e insultos como “pedazo de mierda”. Sin embargo, “tendría que demostrar que fue mi cliente”, explica Martínez, asegurando que no es así. Entre otros aspectos, defiende que la puesta en libertad con orden de alejamiento de tan solo 50 metros aplicada a su cliente, “demuestra que no hay mucho más allá de la denuncia”.