Jueces de lo Social analizan criterios con respecto al acoso

Dan las claves legislativas y procesales sobre una materia de actualidad

23 jun 2018 / 10:35 H.

Tres de los cuatro magistrados titulares de los Juzgados de lo Social de Jaén fueron los protagonistas de la mesa redonda que puso el foco sobre el acoso laboral. María Dolores Martín Cabrera, Francisca Martínez Molina y José Antonio Lucini Nicás dieron las claves y las herramientas necesarias para que abogados y graduados sociales puedan abordar estos casos de la mejor manera posible en la vía judicial. Dada la extensión y la complejidad del asunto, cada uno de estos tres jueces, que cuentan con una amplia experiencia en la materia, se centró en el análisis de una parte determinada. Después, se sometieron a las cuestiones planteadas por los asistentes y se generó un interesante debate en el que todas las dudas quedaron resueltas. María Dolores Martín Cabrera, magistrada de Social 4, habló sobre los actos preparatorios de la presentación de la demanda y la importancia de recopilar las pruebas de forma estructurada. En este sentido, hizo hincapié en que en este tipo de procedimientos se invierte la carga de la prueba. Es decir, cuando un trabajador presenta una demanda por acoso, en la que ve vulnerado el derecho fundamental a la integridad física y moral, debe enumerar los indicios que considere pertinentes. Si el magistrado los acoge, será el empresario demandado el que tenga que defenderse: “Tendrá que acreditar que todas esas decisiones responden a un fin legítimo”, sostuvo la magistrada.

Después, María Dolores Martín analizó los diferentes medios de prueba, como el interrogatorio de las partes, los testigos, los peritos —sobre todo un médico—, los documentos que se hayan podido recopilar y, sobre todo, los informes de organismos públicos competentes como la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ya que tienen “presunción de veracidad”. La ponente también abordó la licitud de determinados medios de prueba como, por ejemplo, las grabaciones obtenidas con un teléfono móvil o con las cámaras de vigilancia.

El segundo en intervenir fue José Antonio Lucini. El magistrado del Social número 2 se centró en un asunto espinoso: la responsabilidad penal del empresario en el acoso y sus efectos en el proceso laboral. El juez recordó que la última reforma de la normativa incluyó una responsabilidad penal del patrón por los delitos cometidos por sus empleados, “siempre y cuando se haya omitido el deber de vigilancia”. En este punto, Lucini Nicás destacó la importancia de los modelos de autorresponsabilidad o autorregulación. Posteriormente, el magistrado hizo un repaso sobre aquellas conductas que pueden suponer infringir el Código Penal y que acarrean sanciones como multas, la suspensión de la actividad, la clausura del local o la inhabilitación para obtener ayudas públicas: “Puede suponer la muerte social de la empresa”, concluyó. Lucini también habló de los medios de protección que tienen los empleados frente al acoso, un terreno en el que puso como ejemplo la regulación de los convenios colectivos. También remarcó el papel de la Fiscalía a la hora de perseguir e investigar estos delitos contra la integridad moral y contra los trabajadores.

Cerró la mesa Francisca Martínez Molina, magistrada del Social número 1 de Jaén y miembro de la Sala de Gobierno del TSJA, quien habló de la demanda en los procesos por acoso laboral. Se trata de una cuestión eminentemente técnica, pero de gran valor y ayuda para los asistentes. Habló de los problemas de competencia que se pueden generar en estos casos, de quién está legitimado para acudir a los tribunales y de cómo se pueden defender los empleados antes de acudir a los tribunales. En este punto, señaló tres ámbitos diferenciados: el empresarial, con la prevención de riesgos laborales y psicosociales; el administrativo, con la labor de la Inspección de Trabajo, y, finalmente, la judicial. La magistrada aconsejó a los asistentes sobre determinadas cuestiones a la hora de presentar la demanda, como el hecho de que esté bien estructurada y que se cuantifique de forma completa la indemnización. En el debate final, se planteó una cuestión interesante: ¿Ha salido Jaén de la crisis? “Creo que no hemos remontado lo suficiente. Han subido los despidos”, explicó Francisca Martínez. “Ha cambiado la situación, las empresas están vivas, no se cierran”, concluyó José Antonio Lucini Nicás.