El Valle cierra filas contra el desahucio de unos “okupas”

Naturales de la capital y vecinos “de toda la vida” de un barrio humilde y obrero con el que se ha cebado el desempleo, las ganas de hacer vida en común llevaron a Jessica y a Alberto a mudarse a Martos. “El alquiler era más económico”, justifica la joven. Sin embargo, el embarazo de la primera hija y una oferta de trabajo para él los devolvieron a la capital del Santo Reino. Era el año 2010. A Alberto lo contrataron como peón de topógrafo en las obras del tranvía y, por la misma época, les “tocó” una de las “601 viviendas” de El Bulevar, cuenta ella.
La suerte parecía que les sonreía. Pero, cuando finalizó la construcción de esa infraestructura estigmatizada que solo ha abandonado las cocheras de Vaciacostales para circular en pruebas, la fortuna se torció también para Jessica y Alberto. El fantasma del paro frustró el deseo de adquirir el piso de El Bulevar. “Había que dar una entrada, era mucho dinero y ya no podíamos”, lamenta la joven.
Sin trabajo y sin recursos económicos para pagar un alquiler, durante un par de años estuvieron viviendo bajo el techo de los padres de Jessica. Sin embargo, llegó un momento en el que la situación se hizo insostenible. “Te agobias —se sincera ella—. Quieres tus cosas y, además, me quedé embarazada por segunda vez y ya no cabíamos”. Pero la historia es más compleja, le recuerda una de las tantas vecinas que han menguado el comedor del piso. Su padre está enfermo de cáncer y su madre sufre una minusvalía. En un barrio en el que “todos se conocen” y en el que las noticias vuelan, y más, cuando se trata de una vivienda deshabitada en el mismo bloque en el que viven tus padres, la pareja no tardó en encontrar lo que consideró que era la “solución” a su problema habitacional. En el verano de 2013 “okuparon” el piso y lo hicieron, además, con el respaldo de una comunidad de vecinos a la que le deben el mobiliario y “hasta las cacerolas” con las que cocinan. “Los conocemos a ellos y a los padres. Son buena gente. Nunca han dado un problema”, asegura el presidente de la comunicad, Eduardo Vacas Estepa.
La paz social es tal en este bloque que, de no haber sido por que, el pasado julio, una patrulla de la Policía secreta se personó en el piso para pedir la identificación de sus inquilinos, el “problema” de Jessica y Alberto no estaría trascendiendo. Días después de aquello, recibieron una notificación judicial y, el 24 de septiembre, “nerviosos” porque se enfrentaban por primera vez en sus vidas a una experiencia así, declararon en el juzgado. En este caso, detrás de la orden de desahucio no hay un banco, ni un particular. Se halla un fondo de inversión con el que ni siquiera la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha logrado contactar. Esto hace que la situación sea más desesperante, si cabe, pero la pareja no pierde la esperanza. Su deseo es “negociar” con la sociedad de inversión. Y, si no puede ser en el piso actual porque esté vendido —apunta la portavoz de la plataforma, Cristina Téllez—, lograr un alquiler social en otro que esta tenga en propiedad y, a ser posible, también en El Valle. En este barrio de gentes sencillas en el que están creciendo y se están escolarizando sus dos hijas, y en el que los arropa el cariño de familiares, vecinos y amigos. Piden una oportunidad y, sobre todo —remacha la madre de Alberto, Marce Soriano—: “Que a mis niñas no las dejen en la calle”.