Se lo llevó por delante debido, presuntamente, a que se saltó un semáforo en rojo cuando pisaba a fondo el acelerador de su coche. Desde entonces, el conductor está en prisión preventiva, acusado de delitos de homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro. Hoy, se sienta en el banquillo para responder de estos cargos y con la intención de demostrar que lo ocurrido fue un simple accidente.

La Fiscalía, que pide siete años de cárcel para Rafael L. R., considera que el atropello se produjo por la “velocidad inadecuada”. En su escrito de acusación provisional, relata los antecedentes de lo ocurrido aquella madrugada del 14 al 15 de diciembre. Explica que el acusado estuvo consumiendo bebidas alcohólicas en compañía de varios amigos en la zona del polígono de Los Olivares, hasta que, ya de madrugada, decidió volver a su domicilio. Rafael L. R. se puso a los mandos de un coche —un Mitsubishi Carisma de color gris— que era propiedad de su novia y en el que viajaban los otros dos jóvenes. “Circuló a una velocidad totalmente inadecuada para las condiciones atmosféricas (de noche y con lluvia) y la naturaleza de la vía urbana por la que transitaba”, aclara el fiscal en su escrito provisional de los hechos.

Debido a estas circunstancias, el Ministerio Público afirma que se llevó por delante al maestro, que cruzaba por un paso de peatones con la fase en verde.

“Una vez producido el atropello, en lugar de intentar socorrer a la persona lesionada, se dio velozmente a la fuga”, agrega. De hecho, Rafael L. R. fue detenido seis horas después por la Policía. Sus dos acompañantes también fueron arrestados, aunque no se presentaron cargos contra ellos. Según explicó la Comisaría en su día, el conductor trató de esconder el vehículo para dificultar la investigación. Sin embargo, hubo dos testigos claves que aportaron datos fundamentales paras pesquisas: el tipo de coche y las dos primeras letras de la matrícula. Estos datos llevaron a la Policía a detener al conductor en muy poco tiempo.
Además de los seis años de cárcel, la Fiscalía reclama el pago de una indemnización de 200.000 euros para la viuda y la única hija del fallecido, a la que deberá hacer frente la aseguradora. Los familiares, que están personados como  acusación particular, solicitan siete años de cárcel. Para apuntalar sus tesis, el Ministerio Público ha llamado a declarar a una joven que vio el atropello, ya que cruzaba al mismo tiempo por el paso de peatones donde fue arrollado José Luis Castellano. También están citados otros testigos presenciales y casi una decena de policías.

Rafael L. R. alegó que no vio a la víctima, porque llevaba los cristales empañados por el mal tiempo. Además, negó circular a más velocidad de la permitida y haberse saltado el semáforo en rojo.