Irene Sabalete declara ante la juez Alaya
Irene Sabalete Ortega está todavía en las dependencias del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La juez Mercedes Alaya aún no le había terminado de tomar declaración por el supuesto fraude en los cursos de formación al filo de la medianoche. La que fuera delegada de Empleo de la Junta de Andalucía en Jaén entre el 19 de noviembre de 2009 hasta el 1 de agosto de 2012, pasó ayer el que, seguramente, fue el día más amargo de su vida. A primera hora de la mañana, antes de las nueve, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), el grupo de elite de la Guardia Civil, acudieron hasta su casa de Torredelcampo. Allí mismo, le leyeron sus derechos en calidad de detenida —por delitos de prevaricación y malversación— y le pidieron que los acompañase. De forma casi inmediata, fue trasladada desde Jaén hasta la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla.
De esta modo, Irene Sabalete se convertía en uno de los dieciséis exaltos cargos de la Junta de Andalucía detenidos en el marco de la bautizada como operación “Barrado”, dirigida por la magistrada Mercedes Alaya y que investiga presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta. Con la resaca electoral todavía en el horizonte, la juez dio un paso más en una macrocausa que emprendió hace ahora año y medio. Ayer, apenas dos días después de la victoria socialista en las urnas, ordenó a los agentes de la UCO el arresto de dieciséis exaltos cargos de la Administración autonómica.
La magistrada investiga un supuesto fraude en los fondos procedentes de la Unión Europea para formar a los desempleados y que, supuestamente, generó un extenso fraude en todas las provincias. La nueva fase policial se ha dirigido contra los responsables políticos que concedieron esas subvenciones. Uno de ellos es la anterior delegada Provincial de Empleo