Seis arrestados más por el supuesto fraude de los cursos de formación

Todo el trabajo previo, realizado por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), se ha plasmado en un guion en el que figuran los nombres de 114 empresarios, funcionarios y promotores de varias provincias andaluzas que podrían haber cometido irregularidades en la gestión de ese dinero público. En esa lista están casi 40 jiennenses. Todos son dueños de academias y centros de formación.
La Policía, que los investiga desde hace meses, ha reunido indicios suficientes como para proceder a su detención. Y es lo que está haciendo a lo largo de esta semana, cuando se ha puesto en marcha la fase provincial de la operación “Edu Centro”. El pasado lunes, fueron arrestadas seis personas. Ayer, en el segundo día del operativo, otras seis pasaron por la Comisaría en calidad de detenidos. Se les leyeron sus derechos como presuntos autores de delitos de falsedad documental y fraude en la subvenciones. Todos quedaron en libertad con cargos, a la espera de que la juez que instruye las diligencias, Carmen Ballesteros, los llame a declarar a lo largo de los próximos días.
Para hoy, los agentes de la UDEF tienen previsto interrogar a otra tanda de detenidos. Y así lo irán haciendo durante los días sucesivos hasta completar la escaleta que ya tienen diseñada. De hecho, las fuentes consultadas explican que todos los implicados ya tienen día y hora para personarse en las dependencias policiales, ubicadas en la calle Arquitecto Berges. Una vez que termine esta fase de la investigación, la operación “Edu” se centrará en ver el grado de responsabilidad penal de los responsables de la administración a la hora de gestionar el dinero público y que, en teoría, debía destinarse a la formación de los parados.

Alumnos y profesores describen una larga lista de irregularidades

Lo que la operación “Edu” —y por extensión la “Edu Centro”— trata de aclarar es si el dinero que Europa ponía encima de la mesa para la reinserción de los parados se gastó realmente en la realización de esos cursos de formación. La investigación se puso en marcha en toda Andalucía a instancias de la Fiscalía, tras detectarse irregularidades en Málaga. Pronto, se vio que ese presunto fraude tenía ramificaciones por todas las provincias. Así nació “Edu”. Policías especializados en delincuencia económica emprendieron, entonces, una laboriosa investigación. Primero, pidieron a la Junta todos los expedientes de ayudas concedidas a empresas, academias y centros de formación entre 2008 y 2011. Se puso la lupa en decenas de sociedades por toda Andalucía —25 de ellas tienen su sede social en Jaén—. Quedaba la parte más complicada. Los agentes hicieron una criba e interrogaron a los profesores que impartieron esos cursos y a los alumnos que, sobre el papel, asistieron. En la provincia, los policías hablaron con 50 monitores y unos 400 participantes en esos talleres formativos. Y es aquí donde surgieron las sorpresas: se detectaron cursos de formación que no se impartieron, que se sobrefacturaron, que declararon más alumnos de los realmente formados, que usaron personal docente sin cualificar o que no cumplieron con los requisitos de contratación a los que estaban vinculadas las ayudas, entre otras irregularidades. Había empresas que mentían al informar sobre el número de alumnos o que contrataban profesores con nulo conocimiento sobre las materias impartidas. En ocasiones había empresas que llegaban a acuerdos con personas para contratarlas como profesores a cambio de que estos, luego, les devolviesen la mitad del sueldo acordado. Otras veces los cursos ni se celebraban.