Irregularidades por ayudas que suman unos 8,5 millones

La operación “Edu Centro” es hermana de “Edu Costa”. Ambas, a su vez, son hijas de la operación “Edu”, que surgió a raíz de una denuncia de la Seguridad Social. Ya, entonces, se produjeron las primeras 36 detenciones.

03 mar 2015 / 11:28 H.

Se detectaron cursos sin justificar del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y también la falta de control de los recursos públicos. Pronto se vio que no era una práctica aislada, sino que tenía ramificaciones por toda Andalucía. Tras la redada de Málaga, la Fiscalía del TSJA ordenó que se investigara en las demás provincias. Desde el pasado mes de mayo, es lo que ha hecho la Policía a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal.
Los agentes de este grupo especializado en delitos económicos, apoyados por los policías de la UDEV de Jaén, pusieron la lupa en 25 empresas jiennenses dedicadas al sector de la formación que recibieron esas ayudas. Después, hicieron un cribado e interrogaron a más de 450 personas, entre profesores y alumnos. Por último, y durante los últimos meses, han cruzado esas declaraciones con la información recogida en cada uno de los expedientes de ayudas públicas.
Las pesquisas pusieron al descubierto que muchos de esos cursos no se impartieron, que se sobrefacturaron, que declararon más alumnos de los realmente formados, que usaron personal docente sin cualificar o que no cumplieron con los requisitos de contratación a los que estaban vinculadas las ayudas, entre otras supuestas irregularidades.
Esa laboriosa investigación explota ahora con la fase de las detenciones. Están previstas 114 en la operación “Edu Centro”, la que afecta a Jaén y en la que ha puesto en el centro de las sospechas ayudas recibidas por más de 70 empresas andaluzas por valor de 8,5 millones de euros. Fuentes de la investigación informan a Europa Press que entre los 114 detenidos hay empresarios, promotores y funcionarios públicos. No obstante, hasta ahora solo se han practicado 18 arrestos en el marco de la operación “Edu Centro”. Entre ellos, se encuentra el exjefe del servicio de Formación Profesional Ocupacional de Granada y actual secretario provincial de Fomento y Vivienda de la Junta, Juan Manuel León Sánchez. Este alto cargo —es funcionario de carrera con nivel 28— quedó en libertad con cargos. En Jaén, los seis detenidos son empresarios.
Las empresas implicadas recibían subvenciones que pocas veces superaban los 200.000 euros. De hecho, las fuentes consultadas precisan que la máxima subvención destinada entre las 70 empresas implicadas en ‘Edu Centro’, fue de 220.000 euros.

El Gobierno pide cautela y la Junta muestra su deseo de colaborar

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, se ha mostrado cauto ante la nueva fase de la “Operación Edu”, sobre los presuntos fraudes de los cursos de formación en Andalucía. “Son actuaciones secretas, ya que se ha declarado el secreto de sumario. Por lo tanto, hasta que no se levante este secreto no cabe ni puedo ofrecerle más información”, indicó Sanz. “Solo cabe esperar que esa instrucción se traslade a los juzgados correspondientes en todas las diligencias que durante la jornada se estén desarrollando”, agregó el delegado.
 Por su parte, el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, defiende que la Junta de Andalucía “colabora con la Justicia siempre”. “Cuando nos piden colaboración, la damos”, aseguró. Así se pronunció Alonso al ser preguntado por la nueva fase de arrestos iniciada este lunes en el marco de la investigación en torno al supuesto fraude de los cursos de formación en Andalucía. Alonso manifestó que el Gobierno andaluz “no tiene más datos” que los que “muchas veces suministran” los medios de comunicación.
Por último, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, apuntó que las “irregularidades” que se están investigando en materia de gestión de la formación “está en otros ámbitos donde no participamos ni sindicatos ni empresarios”, de forma que en las centrales sindicales y la patronal “siempre ha existido y existen mecanismos de control”. “No tiene nada que ver con las organizaciones sindicales”, concluyó.