Blas Ogayar: “El contacto con el ciudadano no debe perderse”
—¿En qué consiste la Ley de Servicios Profesionales?
—Pretende reducir el número de profesiones con colegiación obligatoria. El Ministerio de Economía ha decidido retrasar “sine die” su aprobación debido a la inquietud que ha generado en todos los colegios. Todos los ámbitos afectados por esta norma han mostrado su disconformidad. No tiene, pues, sentido seguir adelante con su aprobación. Es necesario contar con un consenso mínimo que garantice su pacífica aplicación.
—A su entender, la colegiación beneficia a todas las partes.
—Sí. El gestor que empieza a despegar necesita un colegio que le ofrezca servicios y asesoramiento. En la provincia somos, hasta la fecha, cincuenta y siete.
—Habla de ofrecer asesoramiento. ¿Por ejemplo?
—Hay un asunto importante: el tráfico. Una enmienda del Gobierno central propicia que estemos en conexión con la DGT. Disponemos de un servicio telemático que permite, desde los despachos de los colegiados, realizar diferentes trámites, como las transferencias y las matrículas de vehículos. El cliente no tiene que ir físicamente a Tráfico. Así se evitan desplazamientos y colas.
—¿Emplean los profesionales las herramientas de internet?
—Hemos sabido adaptarnos a los tiempos que nos ha tocado vivir: desde las declaraciones y los cálculos manuales hasta las transmisiones telemáticas y firmas digitales. Hoy es imprescindible contar con las nuevas tecnologías. Nuestro colegio dispone de los más modernos sistemas informáticos, que nos permiten tener acceso a la DGT y otros organismos oficiales (Catastro, Diputación, ayuntamientos) con los que tenemos encomiendas y convenios de colaboración. Las tecnologías deben facilitar el trabajo, agilizar los procedimientos y conseguir mayor seguridad en la transmisión de datos. No obstante, considero que nunca se debe perder el contacto físico con el ciudadano.
—¿Cree que aumentará el número de colegiados?
—Salió publicada en el BOE, hace una semana, la convocatoria de acceso a la profesión. Además habrá otra en torno a octubre. La previsión es que haya nuevas incorporaciones. En mayo de 2014 tuve el honor de ser el padrino de la primera promoción del Grado en Gestión y Administración Pública de la UJA. Y comprobé que existe un poco de confusión entre nuestros jóvenes a la hora de buscar un futuro profesional después de concluir sus carreras. Gestor administrativo es una de esas posibles salidas. Estamos en contacto con la UJA para intentar implantar un máster de acceso a la profesión.
—¿Hay diferencias entre un gestor y un asesor?
—Sí. Y nos interesa remarcar la diferencia. El segundo puede ejercer sin titulación académica, con un curso de asesoramiento fiscal puede hacerlo, pero en ningún caso es gestor. Para ello hay que estar licenciado (en Derecho, Económicas o Empresariales) y superar unas pruebas del Estado. Creamos un logotipo con las siglas GA para evitar confusiones. Siempre ponemos esta marca en nuestros textos y despachos.
—¿Han notado la crisis?
—Sí, claro, aunque ahora empezamos a recuperarnos con el asunto de los vehículos. Hemos constatado que hay un aumento de los trámites gracias al servicio telemático con la DGT.
—Lleva un año en el cargo. ¿Qué balance hace?
—La duración estatutaria es de cuatro años de mandato. Sustituí en el cargo a Juan José Romero-Ávila, que estuvo al frente de la delegación durante catorce años. Mi objetivo es recuperar ese reconocimiento que siempre han tenido los gestores administrativos y que, debido al intrusismo y a la proliferación de otros colectivos con denominaciones diversas, en los últimos tiempos ha quedado, a mi juicio, un poco difuminado.
—¿Hay proyectos en marcha?
—Queremos ampliar nuestra actividad al ámbito de la mediación civil y mercantil. Tenemos el Proyecto DIGA Ciudadano, que monitorizará la vida administrativa de las personas. Y un convenio con los registradores para intercambiar información.
—Pretende reducir el número de profesiones con colegiación obligatoria. El Ministerio de Economía ha decidido retrasar “sine die” su aprobación debido a la inquietud que ha generado en todos los colegios. Todos los ámbitos afectados por esta norma han mostrado su disconformidad. No tiene, pues, sentido seguir adelante con su aprobación. Es necesario contar con un consenso mínimo que garantice su pacífica aplicación.
—A su entender, la colegiación beneficia a todas las partes.
—Sí. El gestor que empieza a despegar necesita un colegio que le ofrezca servicios y asesoramiento. En la provincia somos, hasta la fecha, cincuenta y siete.
—Habla de ofrecer asesoramiento. ¿Por ejemplo?
—Hay un asunto importante: el tráfico. Una enmienda del Gobierno central propicia que estemos en conexión con la DGT. Disponemos de un servicio telemático que permite, desde los despachos de los colegiados, realizar diferentes trámites, como las transferencias y las matrículas de vehículos. El cliente no tiene que ir físicamente a Tráfico. Así se evitan desplazamientos y colas.
—¿Emplean los profesionales las herramientas de internet?
—Hemos sabido adaptarnos a los tiempos que nos ha tocado vivir: desde las declaraciones y los cálculos manuales hasta las transmisiones telemáticas y firmas digitales. Hoy es imprescindible contar con las nuevas tecnologías. Nuestro colegio dispone de los más modernos sistemas informáticos, que nos permiten tener acceso a la DGT y otros organismos oficiales (Catastro, Diputación, ayuntamientos) con los que tenemos encomiendas y convenios de colaboración. Las tecnologías deben facilitar el trabajo, agilizar los procedimientos y conseguir mayor seguridad en la transmisión de datos. No obstante, considero que nunca se debe perder el contacto físico con el ciudadano.
—¿Cree que aumentará el número de colegiados?
—Salió publicada en el BOE, hace una semana, la convocatoria de acceso a la profesión. Además habrá otra en torno a octubre. La previsión es que haya nuevas incorporaciones. En mayo de 2014 tuve el honor de ser el padrino de la primera promoción del Grado en Gestión y Administración Pública de la UJA. Y comprobé que existe un poco de confusión entre nuestros jóvenes a la hora de buscar un futuro profesional después de concluir sus carreras. Gestor administrativo es una de esas posibles salidas. Estamos en contacto con la UJA para intentar implantar un máster de acceso a la profesión.
—¿Hay diferencias entre un gestor y un asesor?
—Sí. Y nos interesa remarcar la diferencia. El segundo puede ejercer sin titulación académica, con un curso de asesoramiento fiscal puede hacerlo, pero en ningún caso es gestor. Para ello hay que estar licenciado (en Derecho, Económicas o Empresariales) y superar unas pruebas del Estado. Creamos un logotipo con las siglas GA para evitar confusiones. Siempre ponemos esta marca en nuestros textos y despachos.
—¿Han notado la crisis?
—Sí, claro, aunque ahora empezamos a recuperarnos con el asunto de los vehículos. Hemos constatado que hay un aumento de los trámites gracias al servicio telemático con la DGT.
—Lleva un año en el cargo. ¿Qué balance hace?
—La duración estatutaria es de cuatro años de mandato. Sustituí en el cargo a Juan José Romero-Ávila, que estuvo al frente de la delegación durante catorce años. Mi objetivo es recuperar ese reconocimiento que siempre han tenido los gestores administrativos y que, debido al intrusismo y a la proliferación de otros colectivos con denominaciones diversas, en los últimos tiempos ha quedado, a mi juicio, un poco difuminado.
—¿Hay proyectos en marcha?
—Queremos ampliar nuestra actividad al ámbito de la mediación civil y mercantil. Tenemos el Proyecto DIGA Ciudadano, que monitorizará la vida administrativa de las personas. Y un convenio con los registradores para intercambiar información.
