“Edu” está de camino: habrá cerca de 40 detenidos

“Es inminente”, explican fuentes judiciales cercanas al caso. Desde el pasado mes de octubre, esos mismos agentes investigan la rama jiennense del supuesto fraude en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía. Las pesquisas han terminado y ha llegado la hora de las detenciones. No serán pocas: las fuentes consultadas hablan de que, solo en la provincia, se producirán entre 35 y 40 arrestos. En principio, casi todos serán empresarios y propietarios de academias y centros de formación.
A principios del mes de febrero, se produjo la conocida como operación “Edu-Costa”, zanjada con alrededor de 90 detenidos en las provincias marítimas de Cádiz, Málaga y Almería. De ahí el nombre de la redada. La entonces delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ya advirtió que la investigación llegaría “a todos los rincones de Andalucía”. La “profecía” se cumplirá en pocos días, cuando el operativo se traslade al interior, en concreto a Córdoba, Granada y también a Jaén.
Será, entonces, cuando las casi cuatro decenas de detenidos desfilen por las dependencias de la Comisaría para responder por cargos de delitos de falsedad documental y fraudes en las subvenciones y, posteriormente, quedarán a disposición del Juzgado de Instrucción número 4, el encargado de las diligencias en la provincia jiennense.
Es su magistrada titular, Carmen Ballesteros, la que dirige la investigación judicial en Jaén. Abrió diligencias en septiembre, tras la denuncia presentada por la Fiscalía por las presuntas irregularidades detectadas en el uso de las subvenciones en cursos de formación para desempleados. El Ministerio Público sospechaba que muchos de esos cursos no se impartieron, que se sobrefacturaron, que declararon más alumnos de los realmente formados, que usaron personal docente sin cualificar o que no cumplieron con los requisitos de contratación a los que estaban vinculadas las ayudas, entre otras supuestas alegalidades.
 Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) —especialistas en delitos económicos—, apoyados por la UDEV de Jaén, comenzaron entonces a investigar. Primero, revisaron todos los expedientes de ayudas públicas concedidas por la Junta por este concepto. Después, comprobaron quiénes eran los beneficiarios, es decir, las academias y centros de formación donde se impartían. El círculo se estrechó a 25 empresas, repartidas por todo el territorio provincial.
El siguiente paso fue interrogar a alumnos de esos cursos de formación —se hizo un cribado y se tomó declaración a unos 400— y a monitores y profesores —alrededor de medio centenar—. En los últimos tres meses, se ha procedido a cruzar esas declaraciones con la información recogida en cada uno de los expedientes de ayudas públicas. Terminado el análisis, los investigadores han reunido indicios contra los supuestos autores de esas irregularidades en el manejo de los fondos públicos. En principio, habrá entre 35 y 40 detenidos —el número aún no está completamente cerrado, pues todavía se están cerrando algunos expedientes—.
En esta fase de la operación “Edu”, los detenidos solo serán empresarios y dueños de las academias. Después, y una vez que se concluya el dispositivo en toda la comunidad andaluza, se analizarán las declaraciones de todos los imputados. La operación se centrará entonces en ver el grado de responsabilidad penal de los responsables políticos a la hora de gestionar el dinero público que venía de Europa y que, en teoría, debía destinarse a la formación de los desempleados. De momento, “Edu” ya está de camino hacia Jaén.