El Gobierno vigila e inspeccionará el aceite que se venda muy barato

Isabel García Tejerina es rotunda: “Incumplir la ley de la mejora de la cadena alimentaria no va a salir gratis. Trabajamos con especial atención en los sectores de la leche y del aceite de oliva porque son dos alimentos que se utilizan, de forma habitual, como producto reclamo”. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente anuncia que pondrá en marcha un protocolo para detectar todos los artículos que se vendan a precios anormalmente bajos.
El protocolo. El Gobierno de España afirma que habrá inspectores que tomarán muestras y analizarán las razones por las que estos productos se comercializan a precios que se consideran “anormalmente bajos”. Para ello, se tendrá muy presente el valor de los productos en origen o, dicho de otro modo, lo que se les paga a los agricultores. A partir de ahí, Isabel García Tejerina señala que el Ejecutivo velará para corregir esta situación porque puede estar motivada por una venta a pérdidas, generada por otra práctica no permitida por la ley o por alguna otra incidencia. “Siempre que haya un producto que tenga un precio anormalmente bajo, nosotros vamos a analizar las causas. Si vemos alguna irregularidad, impondremos las sanciones que correspondan”, aclara la ministra.
De hecho, la Agencia para el Control de los Mercados ha realizado más de 1.800 inspecciones, según indica el propio Ministerio, para evitar que se produzcan prácticas comerciales abusivas. Por otro lado, este departamento no permitirá la compra y venta de aceite de oliva “a resultas” o, dicho de otro modo, mediante contratos que se firman con una cantidad, pero sin precio. Luego, las aceiteras cobran el aceite en función de la cotización media que marcan los sistemas oficiales, algo que hace que los operadores no salgan al mercado a comprar y se produzca una bajada paulatina de la cotización del zumo de la aceituna que, al final, llega a afectar al propio precio medio que cobran los que tienen el contrato.
Isabel García Tejerina indica que uno de los aspectos positivos de esta ley es que, a partir de ahora, todas las compras y las ventas que se realicen a lo largo de la cadena de valor del aceite de oliva tienen que tener obligatoriamente un contrato, con un plazo de cobro y un precio. “Era algo que no sucedía hasta la fecha y que había que corregir”, argumenta. De hecho, el propio sector se ha lamentado mucho de esta práctica y siempre ha reclamado a las aceiteras que no sacaran ni un kilo de aceite de oliva sin un contrato con precio cerrado.
Sin embargo, luego, había muchas empresas que sí lo hacían, ya que veían que era una forma estable de poner en el mercado la cosecha, pese a que garantizar el suministro a un distribuidor quitaba competitividad y empujaba hacia abajo los precios que, al final, perjudicaban a todos.
reunión previa. Isabel García Tejerina hacía estas manifestaciones después de reunirse con representantes de las organizaciones profesionales agrarias Asaja, UPA y COAG y con representantes de Cooperativas Agro-alimentarias de España. Fue para hacer balance del primer aniversario de la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria. En su intervención, la ministra reiteró que uno de los objetivos de su departamento es  impulsar medidas para que la cadena de valor funcione correctamente, es decir, que todos los eslabones reciban un precio que compense lo que aportan. “Si funciona, redunda en mejores precios y en lograr un sector más competitivo que pueda crecer”, recalca. Con vistas al futuro, García Tejerina adelanta que, en febrero o marzo, se espera que esté publicado el reglamento de desarrollo de la ley, que incorporará como uno de los elementos más destacados la figura del mediador, que intervendrá cuando no haya acuerdo en los precios. Asimismo, la ministra aludió al impulso de un código de buenas prácticas mercantiles.
un problema latente. El precio es un problema que no se resuelve. Los agricultores se resignan a una cotización baja cuando llegan cosechas abundantes, pero se indignan cuando la producción resulta baja y los precios no remontan. El secretario general de UPA, Agustín Rodríguez, arremetió —la pasada semana— contra los grandes distribuidores. Los acusó de usar el producto como un reclamo y argumentó que preferían perder algo de dinero con el zumo de la aceituna a cambio de meter clientes en la tienda porque sabían que las ofertas con el aceite tienen tirón para “pescar” clientela.
El mercado es libre, aunque tiene unas reglas a las que se ha de someter. Una competencia entre los establecimientos de alimentación favorece a los clientes, que logran productos más baratos. El problema surge cuando existe una obsesión por algunos productos, que se convierten en un reclamo para ganar clientela, y se venden a precios muy bajos. Entonces, los  olivareros, en el caso del aceite, ven que el valor que se paga en la tienda no compensa los gastos, por lo que se pone en riesgo el propio sistema.