Once condenados por edificar chalés en un paraje protegido de Torredelcampo
Once personas, todas vecinas de la capital, se sentaron ayer en el banquillo de los acusados del Penal número 4 de Jaén para declararse culpables de un delito contra la ordenación del territorio. Todos admitieron ante su señoría que construyeron sin licencia en un paraje protegido de la sierra de Torredelcampo.
Fueron condenados a penas que oscilan entre los seis y los veintiún meses de cárcel, además de las correspondientes multas. Ninguno ingresará en prisión. Ahora, el juez debe decidir en su sentencia si se derriba la construido al margen de la ley. Es el único aspecto que se discutió en la vista oral, pues todos los procesados admitieron haber infringido las normas.
Los hechos se remontan al 25 de noviembre de 1999, es decir, hace ya más de quince años. Fue entonces cuando Manuel J. G. compró un terreno en el denominado paraje de “Añora” en el término de Torredelcampo. Según el Plan General de ese municipio, se trata de suelo no urbanizable, sujeto a protección especial. Entre 2002 y 2004, este procesado —que ha sido condenado a 21 meses de prisión— procedió a urbanizar y parcelar esa finca para su venta a terceras personas. Realizó viales, una fosa séptica comunitaria, canalizaciones e instalaciones de luz y agua. En total, hizo 29 parcelas, con superficies que oscilaban entre los 775 y los 550 metros cuadrados. Manuel J. G. no tenía licencia alguna para realizar esos trabajos.
Después, este promotor constituyó una empresa, que tenía la propiedad de los terrenos y vendió sus participaciones a terceras personas. De este manera, “pretendía eludir la normativa urbanística que prohibe las parcelaciones en suelo no urbanizable”, según se especificaba en el escrito de acusación de la Fiscalía.
Esas terceras personas adquirieron los terrenos y, a continuación, procedieron a levantar viviendas unifamiliares. Ayer, diez de esas personas aceptaron la condena mínima por un delito contra la ordenación del territorio. Inicialmente, había otros ocho construcciones ilegales denunciadas por el Seprona. Sin embargo, fueron levantadas antes del año 2004, por lo que estaban prescritas desde el punto de vista penal.