Una carta siembra el miedo a las inspecciones

“Estimado propietario o presidente —comienza la misiva—, nos ponemos en contacto con usted para informarle de la actual ordenanza de conservación e Inspección Técnica de las Edificaciones, también llamada ITE”. Con la referencia catastral de su casa y su antigüedad, le exponían: “Su inmueble, según la ordenanza, debió haber hecho la inspección antes del 16 de junio de 2014. Si no lo hizo, y además, todavía no ha recibido una sanción por parte del Ayuntamiento, significa que aún está a tiempo de realizar la ITE sin que sea sancionado con multas que oscilan entre 749 a 1.499 euros”.

Cuando escuchó esto, Manuela Rodríguez se quedó “congelada”. “¿Qué me va a quedar, si la poca pensión que cobro se la lleva el Ayuntamiento?”, dice que pensó. Más abajo, en el tercer y último párrafo de la carta, una empresa privada se presentaba y ofrecía sus servicios. “Pero la carta es tan intimidatoria, que no es ético. Están metiendo el miedo en el cuerpo de la gente”.

Quien formula la denuncia es la portavoz de la asociación vecinal del barrio, Ángeles Estepa. Y es que la preocupación por las posibles sanciones se ha apoderado de los habitantes de la zona. Un barrio eminentemente obrero que acusa una tasa de desempleo de “entre el 80 y el 90%” y en el que los que aún conservan el trabajo tienen que ayudar a los familiares que lo perdieron. No niegan la importancia de una ordenanza municipal que tiene como fin la seguridad de las viviendas y, por extensión, la de sus inquilinos, pero —irrumpe Estepa—: “La mayoría de la gente vive con 426 euros. Después del informe, está el pago una tasa de 80 euros, que es excesivo, y, si el estudio es negativo, habrá que hacer reformas. Y ¿cómo, si hay gente que no tiene para comer?”.

Alarmados por la carta, en la que se indica que pueden encontrar “toda la información referente a la ITE”, en la Gerencia o en la web municipal, numerosos ciudadanos se dirigieron ayer a Urbanismo. “La gente va cabreada porque se cree que el Ayuntamiento está detrás, pero no es cierto”, aclara el concejal del área, Francisco Javier Márquez, que tilda de “repudiable” el proceder de la empresa —un estudio malagueño de arquitectura e ingeniería—, y hace un llamamiento a la ciudadanía para “que no haga ni caso”. Censura que “se mercantilice una obligación legal” y el discurso “agresivo” para captar clientes. “El Ayuntamiento no está sancionando y, si lo hace, será cuando el incumplimiento sea contumaz. No por meros retrasos”, garantiza Márquez, que recomienda a la población que se dirija a la Gerencia, a los colegios profesionales, a las asociaciones vecinales y a Asuntos Sociales, en el caso de que carezcan de recursos para hacer frente al informe. Adelanta que el Ayuntamiento “no verá con buenos ojos” convenios con asociaciones “porque es una forma de acaparar mercado”.