La solución a las viviendas de Los Puentes continúa en el aire

Ni cuántas viviendas sí, ni cuántas no, y mucho menos cuál será la solución para uno de los principales problemas de la capital: la ilegalidad o alegalidad de las 5.000 construcciones que, aproximadamente, trufan Los Puentes.

31 oct 2014 / 09:22 H.

No obstante, “no como fin, pero sí como medio para tener las herramientas” necesarias para evitar que se repitan desgracias pasadas en el futuro, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) presentó, ayer, uno de los documentos más esperados y reivindicados por el Ayuntamiento. Se trata del mapa de peligrosidad y riesgo de inundación.

El informe, de obligada elaboración para toda la cuenca en virtud de la directiva europea de 2007 sobre inundaciones, reconoce, en el ámbito de la capital, 7 zonas con riesgo potencial que abarcan los términos municipales de Jaén, Los Villares y La Guardia, repartidas a lo largo de 44 kilómetros en diferentes tramos de los ríos Quiebrajano, Guadalbullón y Eliche. Es decir, en la zona de Los Puentes. Tomando como referencia estudios anteriores y ampliando la superficie inicialmente analizada, que pasa de 14 a 44 kilómetros, este mapa pretende ofrecer un “conocimiento preciso de la problemática, las afecciones y los riesgos existentes en las zonas de mayor riesgo”. En colaboración con el Instituto Geográfico Nacional y gracias a las tecnologías más avanzadas, se han realizado vuelos de alta precisión y se han visitado “todos los tramos sobre el terreno para identificar las infraestructuras que se verían afectadas, en caso de inundaciones, explicó el ingeniero que ha dirigido el trabajo, Rafael Poyatos.

El resultado es un documento que delimita las zonas inundables en periodos de retorno de 500, 100 y 10 años, el dominio público hidráulico y, lo más importante, las poblaciones, las actividades económicas y las áreas con relevancia ambiental afectadas por posibles riadas, con una valoración de daños. “Su utilidad es priorizar actuaciones”, resaltó el ingeniero, que, a preguntas de los periodistas, calculó en “unas mil” las viviendas que están situadas en la franja de tierra sobre la que el agua de los ríos ha retornado, alguna vez, en el último siglo.

Pero ¿cuántas edificaciones podrán aspirar a la legalización? ¿Qué medidas hay que poner en marcha para evitar futuras inundaciones? Eran preguntas evidentes, pero los planes de gestión para reducir los efectos de posibles riadas en toda la cuenca se conocerán a finales del año que viene. Mientras tanto, con este mapa de riesgos que —como repitió el presidente de la CHG, Manuel Romero— “es un medio y no un fin”, el Ayuntamiento y la Junta, “como autoridades urbanísticas” que son, podrán determinar las viviendas que son susceptibles de regularización en la franja de retorno de 100 años. El alcalde, José Enrique Fernández de Moya, valoró que, en ese proceso, se analizara “vivienda por vivienda” con la supervisión y los informes preceptivos de la Confederación. Lo que el comisario de Aguas, Rafael Álvarez, dejó claro es que las edificaciones que hay en dominio público hidráulico —esto es, en la cuenca de los ríos— “no podrán legalizarse nunca”. ¿Cuántas son? No lo especificó, aunque, en el deslinde de este dominio que se presentó, en octubre de 2010, se apuntó que una vivienda debería ser demolida y otras 12 estaban afectadas parcialmente.

Vecinos. Tras la presentación a los periodistas, los responsables de la CHG, el alcalde y el subdelegado del Gobierno, Juan Lillo, trasladaron las claves de este documento, “pionero en Andalucía” —se ha priorizado a los del resto de la cuenca—, a los vecinos de las zonas afectadas. José Miguel Díaz, presidente de Puensi, indicó: “Tener la posibilidad de poder regularizarnos es un éxito después de 28 años”. Pero reconoció: “Es un segundo paso”. Y apuntó al encauzamiento de los ríos: “Aunque las escolleras están sirviendo, el encauzamiento es necesario y, tarde o temprano, tendrán que hacerlo porque hay una realidad consentida”.

Desde la Federación de Vecinos “OCO”, María Cantos, agradeció “el trabajo realizado” con el mapa de riesgos, pero señaló: “Falta la parte más importante, la gestión”. Ante la situación crítica por la que atraviesan las administraciones públicas competentes, su pregunta a los responsables políticos y técnicos fue si, con vistas a las medidas de gestión, los vecinos podrían asumirlas. “Nos han dicho que se facilitarían las autorizaciones pertinentes”, apuntó Cantos. El mapa de riesgos se colgará, en noviembre, en la web de la CHG, www.chguadalquivir.es, para que los afectados hagan alegaciones. Tendrán 3 meses.