Imputados por exponer a sus empleados a fibras de amianto

Los hechos se remontan a principios de este mes de septiembre, cuando una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil realizó una vigilancia rutinaria por los alrededores de la capital. Al llegar a una explotación ganadera existente en la antigua carretera de Mancha Real —en las inmediaciones de la conocida como “Finca El Huevo”—, los agentes observaron que había cuatro trabajadores desmontando las placas de uralita del tejado de una de las naves para sustituirlas por otro tipo de cubierta. En concreto, debían cambiar casi 1.000 metros cuadrados.
En un primer momento, los guardias civiles comprobaron que lo estaban haciendo sin adoptar medidas de seguridad “tendentes a evitar la dispersión de las fibras de amianto”. Hay que recordar que se trata de un material altamente tóxico y muy perjudicial para la salud y para el medio ambiente. Fuentes de la investigación confirman que los trabajadores no sabían que estaban corriendo esos riesgos y explicaron a los agentes que sus jefes les habían ordenado la realización de esas labores.
Los guardias civiles del Seprona también comprobaron “in situ” que ninguno de los cuatro albañiles estaba capacitado para efectuar esos trabajos, al no contar con la habilitación necesaria para tratar el amianto. Este material es un contaminante atmosférico, por lo que todos los aspectos relativos a su gestión y transporte como residuo están estrictamente estipulados y regulados por legislación específica.
Sin embargo, en el momento de la intervención, no se produjo imputación alguna. Quedaba comprobar si efectivamente los trabajadores estaban expuestos al amianto. Por eso, el Seprona recogió muestras que fueron remitidas al laboratorio de Criminalística de la Policía Judicial. Una vez recibidos los resultados de los análisis, se confirmó la existencia de amianto, en su variedad de crisotilo.
Fue entonces cuando se procedió a imputar al gerente y al técnico de la empresa como presuntos autores de delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los recursos naturales. La constructora fue contratada por el propietario de la nave en la creencia de que contaba con todos los permisos necesarios para el tratamiento y la manipulación del amianto, tal y como confirman las fuentes consultadas. Ninguno de los dos implicados tiene antecedentes previos.
La Guardia Civil también ha puesto los hechos en conocimiento de la Junta de Andalucía para la incoación del correspondiente expediente sancionador por la vía administrativa. De confirmare, este tipo de irregularidades está castigado con importantes multas.