Doscientas familias piden su dinero desde hace un lustro
El 18 de septiembre. Esa es la fecha que unas doscientas familias de la capital llevan esperando desde hace cinco años. Hace justo un lustro, la Policía Nacional puso al descubierto la mayor estafa inmobiliaria que se recuerda en la capital en la bautizada como operación “Yedra”. Los tres acusados por el supuesto engaño se sentarán, por fin, en el banquillo de la Audiencia para enfrentarse a una petición de seis años de cárcel por parte de la Fiscalía —los afectados reclaman ocho años—.
Según el Ministerio Público, los tres procesados, Manuel Jesús C. C., su entonces esposa, Marta C. P., y su socio, Pablo R. E., pusieron a la venta una promoción de casas en una parcela ubicada en las cercanías de la Fuente de la Peña, en la carretera de Los Villares. Se trataba de una oferta muy atractiva: Viviendas unifamiliares, ubicadas en parcelas de 500 metros, con plaza de garaje y buenas calidades. “Una ganga”, que encontró en el “boca a boca” el mejor reclamo publicitario. Así que muchos firmaron los contratos casi “con los ojos cerrados” y pagaron los 1.500 euros en concepto de señal y como reserva del hogar de sus sueños. Sin embargo, todo era una mentira, según siempre la Fiscalía.
Los terrenos donde se iba a construir la promoción “La Yedra” —de ahí el nombre de la operación policial— estaban protegidos por su valor medioambiental. En ellos no se puede poner ni un ladrillo. Igualmente, el Ministerio Público asegura que sus propietarios no sabían nada de que en ellos se iba a levantar una macrourbanización. Es más, los acusados no habían realizado ni un solo trámite para iniciar la construcción: “Solo querían obtener un beneficio patrimonial sin contraprestación alguna”, relata la fiscal.
En total, se suscribieron 198 contratos. Cada uno de los compradores entregó como señal 1.500. Un dinero —unos 300.000 euros en total— que los dueños de la inmobiliaria se embolsaron, según siempre el Ministerio Público. Los acusados dieron “apariencia de verdad” a la venta de viviendas. El fiscal relata que, en alguna ocasión, llevaron a los compradores hasta los terrenos, les enseñaron los planos de situación y los proyectos: “Todo ello con la finalidad de convencerles de que adquirieran una de las viviendas proyectadas”, añade.
Sin embargo, el tiempo fue pasando y en los terrenos no entraban las máquinas. Uno de los compradores acudió a la Comisaría y presentó una denuncia por estafa. A partir de entonces, se descubrió todo el pastel. La Policía procedía, en ese momento, a las detenciones. Primero fueron arrestados Manuel Jesús C. C., el considerado cabecilla de la trama, y su socio, Pablo R. E. Días después, también le pusieron los grilletes a Marta C. P., la esposa del dueño de la inmobiliaria, porque su nombre aparecía en algunos de los contratos de compraventa.
Tras una larga y compleja instrucción, dirigida por el magistrado Fernando Moral, logró cerrar la investigación. La Fiscalía pidió 6 años de cárcel para cada uno de los tres procesados, mientras que los afectados reclaman ocho años. La Audiencia tiene previsto celebrar este macrojuicio a partir del 18 de septiembre. Manuel Jesús C. C. tiene otros procedimientos por estafa en Jaén y en otras provincias andaluzas. Los afectados temen, incluso, que dé esquinazo a la Justicia y no se presente.