A las puertas de perder el techo
Trabajando sin cobrar y a punto de ser desalojado del piso de alquiler en el que vive con su mujer y sus dos niños pequeños. Esta es la realidad de Javier López. Es uno de los contados hombres que integra la plantilla de la empresa que presta el servicio de dependencia. Con la soga al cuello, lanza un SOS por sus hijos, para que no se queden sin techo.
Mientras se quitan las hojas en los calendarios, se acumulan en los medios de comunicación los titulares sobre el conflicto de la dependencia en la capital. Se habla de cifras: 429 usuarios y 160 trabajadores que, alguna vez, antes de la escalada de recortes, y, de forma extraordinaria, el año pasado, gracias al Decreto de la Junta contra la exclusión social, fueron 200. Pero no son simples números que se suman y se restan. Detrás de cada mes —y ya va para tres— que pasa sin que estos empleados cobren hay una fractura social. Una brecha que no deja de horadarse y la situación en la que hoy se encuentran Javier López Expósito (37 años) y su familia es un ejemplo.
Comenzó a trabajar en la ayuda a domicilio de la capital en el año 2010. Entonces, la gestionaba la empresa Macrosad, pero las transferencias municipales no llegaban a la concesionaria y, en general, no recuerda la normalidad en los pagos que cabía esperar. “La mayoría de los meses han sido así”, dice en alusión a retrasos que se convirtieron en norma y a unos impagos que, en estos momentos, tienen al grueso de los trabajadores con la soga al cuello y el buzón, lleno de deudas. El salario de Javier es el único sustento económico de la familia: su mujer está en paro “desde hace algo más de un año” y tiene dos niños pequeños: una hija de 5 años y un bebé de 4 meses. No perciben prestación alguna y, cuando llegan, los 800 euros mensuales de su trabajo como empleado de la dependencia vuelan. “Con dos niños y la mujer parada, lo poco que cobro da para lo justo. Si salimos adelante es también con la ayuda de mi madre y de mi suegra, que nos dan lo que puede”, señala un hombre que, trabajando, ahora, 33 horas semanales, vive asfixiado por las deudas y a punto de quedarse con su familia en la calle. “Me van a echar del piso”, sentencia. Desde el mes de enero no ha pagado el alquiler, que asciende a 350 euros mensuales por el piso en el que viven, y las facturas de luz y agua se le acumulan hasta sumar 700 euros.
Javier López valora que, “mientras que los demás compañeros de la empresa no cobran” —les deben ya dos nóminas—, a él, únicamente una. “[El empresario] se está portando muy bien y me están dando adelantos. Ya he cobrado febrero”, indica, agradecido. Sin embargo, sostiene: “Aunque me pagaran mañana mismo y me pusiera al día, el dueño me echa del piso a final de mes”. Por eso, lanza este SOS: “Lo que pido es una vivienda. No por mí, sino por mis hijos”.
La concesionaria aún no ha recibido los 406.465 euros que el Ayuntamiento consignó judicialmente y que está obligado a transferirle.
Mientras se quitan las hojas en los calendarios, se acumulan en los medios de comunicación los titulares sobre el conflicto de la dependencia en la capital. Se habla de cifras: 429 usuarios y 160 trabajadores que, alguna vez, antes de la escalada de recortes, y, de forma extraordinaria, el año pasado, gracias al Decreto de la Junta contra la exclusión social, fueron 200. Pero no son simples números que se suman y se restan. Detrás de cada mes —y ya va para tres— que pasa sin que estos empleados cobren hay una fractura social. Una brecha que no deja de horadarse y la situación en la que hoy se encuentran Javier López Expósito (37 años) y su familia es un ejemplo.
Comenzó a trabajar en la ayuda a domicilio de la capital en el año 2010. Entonces, la gestionaba la empresa Macrosad, pero las transferencias municipales no llegaban a la concesionaria y, en general, no recuerda la normalidad en los pagos que cabía esperar. “La mayoría de los meses han sido así”, dice en alusión a retrasos que se convirtieron en norma y a unos impagos que, en estos momentos, tienen al grueso de los trabajadores con la soga al cuello y el buzón, lleno de deudas. El salario de Javier es el único sustento económico de la familia: su mujer está en paro “desde hace algo más de un año” y tiene dos niños pequeños: una hija de 5 años y un bebé de 4 meses. No perciben prestación alguna y, cuando llegan, los 800 euros mensuales de su trabajo como empleado de la dependencia vuelan. “Con dos niños y la mujer parada, lo poco que cobro da para lo justo. Si salimos adelante es también con la ayuda de mi madre y de mi suegra, que nos dan lo que puede”, señala un hombre que, trabajando, ahora, 33 horas semanales, vive asfixiado por las deudas y a punto de quedarse con su familia en la calle. “Me van a echar del piso”, sentencia. Desde el mes de enero no ha pagado el alquiler, que asciende a 350 euros mensuales por el piso en el que viven, y las facturas de luz y agua se le acumulan hasta sumar 700 euros.
Javier López valora que, “mientras que los demás compañeros de la empresa no cobran” —les deben ya dos nóminas—, a él, únicamente una. “[El empresario] se está portando muy bien y me están dando adelantos. Ya he cobrado febrero”, indica, agradecido. Sin embargo, sostiene: “Aunque me pagaran mañana mismo y me pusiera al día, el dueño me echa del piso a final de mes”. Por eso, lanza este SOS: “Lo que pido es una vivienda. No por mí, sino por mis hijos”.
La concesionaria aún no ha recibido los 406.465 euros que el Ayuntamiento consignó judicialmente y que está obligado a transferirle.
