El Defensor del Pueblo aconseja un uso alternativo al tranvía

Fueron los 51 conductores y operadores del sistema tranviario los que presentaron una queja ante la oficina que dirige Jesús Maeztu ante la impotencia en la que se encuentran desde que hicieron los reglamentarios cursos de formación. No quieren arrojar la toalla ni darse por vencidos hasta que alguien les diga claramente si tienen alguna posibilidad de trabajar, algún día, en el tranvía para el que se prepararon. Ayer dieron a conocer la respuesta que remite el Defensor del Pueblo Andaluz tanto al Ayuntamiento de Jaén como a la Dirección General de Movilidad, dependiente de la Junta de Andalucía.
En el informe, la primera recomendación que aparece es la siguiente: “Que, a la mayor brevedad posible, se adopte, de forma conveniada entre ambas administraciones, municipal y autonómica, una decisión acerca de si, a medio plazo, va a ponerse en funcionamiento esta infraestructura y de que se acuerden las condiciones en que se produciría el establecimiento de este servicio público, concretando la fecha aproximada para ello”. Es decir, que haya diálogo institucional para tomar cartas en el asunto y hablen claro sobre el futuro de un trazado cuyo coste superó los 100 millones de euros.
La segunda recomendación está supeditada a la primera. En este apartado, el Defensor del Pueblo Andaluz establece varias recomendaciones. En primer lugar, que se determinen acciones encaminadas a garantizar la conservación y vigilancia de la infraestructura y a evitar su progresivo deterioro, de forma que se minimice en lo posible la depreciación que su inutilización, el paso del tiempo y los actos vandálicos puedan ocasionar. En segundo lugar, Jesús Maeztu habla de la necesidad de que se elabore un estudio sobre posibles usos alternativos de este espacio público que permitan rentabilizar, total o parcialmente, el trazado y que no sean irreversibles en el caso de que, en una decisión futura, fuera posible su puesta en funcionamiento. Al respecto, el informe concreta: “De tal manera que, en aquellos lugares en los que el trazado de las vías suponga limitar o impedir usos alternativos, ya sean de carácter peatonal, carril-bici, intersecciones al tráfico viario, etcétera, se disponga lo necesario para que, dentro del objetivo de alcanzar una mayor eficiencia, sea posible, aunque sea de forma temporal, destinar tales lugares a los aludidos usos alternativos o cualesquiera otros que se estimen favorables al interés general”.
Por último, la oficina andaluza insta a las administraciones competentes a la apertura de una investigación, “previos los trámites legales que resulten procedentes”, con el fin de determinar las posibles responsabilidades de toda índole en las que se haya podido incurrir ante la “innegable lesión patrimonial causada a las arcas públicas”, como consecuencia de la no entrada en funcionamiento de una infraestructura “tan costosa”. El Defensor del Pueblo da un plazo de un mes para que las partes implicadas se pongan manos a la obra.